15:02 › COMODORO PY
Durante una nueva audiencia por el pago de coimas en el Senado, la diputada Elisa Carrió denunció las trabas para la investigación legislativa sobre el pago de coimas a senadores en 2000, para la aprobación de la ley de flexiblización laboral. Respecto del delito por el que están imputados el expresidente Fernando De la Rúa, dos funcionarios de su gobierno y cinco senadores justicialistas, señaló que "no le consta" que el los sobornos se hayan efectivizado, pero calificó como "absolutamente creíble el relato del arrepentido Mario Pontaquarto".
Según la diputada, los obstáculos puestos por el gobierno de De la Rúa para una investigación en la Cámara baja "garantizó la impunidad de (Alberto) Flamarique", el exministro de Trabajo de la Alianza, imputado por cohecho. Carrió, si bien no aseguró que hayan exsitido coimas, señaló que "la responsabilidad política" fue del expresidente De la Rúa. "Algo así no se hace sin la orden del Presidente", sentenció. Por eso, consideró que existieron responsabilidades que podrían haber llevado al exmandatario y el exministro de Trabajo a un juicio político.
"Yo dije que estaba claro que Fernando de la Rúa ordenó el pago de las coimas", recordó también sobre declaraciones hechas por ella a la prensa en el 2000, pero luego al ser preguntada por las defensas respecto a si tenía alguna constancia de la existencia de los sobornos respondió "no me consta".
En el relato hecho ante los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, la diputada sostuvo que en ese entonces le dijo al fallecido Raúl Alfonsín que debía "enfrentar a los corruptos" ante lo cual un dirigente, Manolo Canals, le respondió "andá nomás".
También relató que el entonces vicepresidente a cargo del Senado, Carlos "Chacho" Alvarez, ejerció "presiones terribles a los diputados del Frepaso para garantizar la impunidad y rechazar el juicio politico a Flamarique".
La legisladora dijo que la sanción de la ley fue "una exigencia del Fondo Monetario Internacional" al gobierno de la Alianza y que votó en contra, por lo cual sus compañeros de bloque la "dejaron de hablar". "Van a tener mi banca pero no mi conciencia", recordó lo dicho a sus pares de la bancada radical.
Por último, contó que desde la Alianza mandaron a preguntar qué quería a cambio del voto y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el radical Rafael Pascual, habría respondido "nada, está loca".
En el proceso se juzga si el gobierno de De la Rúa pagó cinco millones de pesos/dólares a senadores peronistas a cambio de la aprobación de la reforma laboral, sancionada el 26 de abril de 2000. De la Rúa, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el "arrepentido" Mario Pontaquarto -quien confesó ser el 'valijero' que transportó las supuestas coimas- están acusados de pagar los sobornos. En tanto, a los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda se les imputa haberlos cobrado.
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