En el comunicado firmado por Luis Enrique Ramírez, apoderado de la Asociación, se informa que "Karen Curtis, directora adjunta del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, responsable de la Libertad Sindical, mediante nota fechada el 23/09/2012 ha informado que se le ha dado curso a la queja, solicitándole al Gobierno argentino "que comunique con toda urgencia sus observaciones".

Los hechos denunciados por la Asociación gremial incluyeron, además, la pretensión de "liquidar económicamente al sindicato, aplicándole una multa que no puede ser pagada con todo su patrimonio y varios años de recaudación", como así también la pretensión de eliminación jurídica del sindicato, solicitando la cancelación de su personería jurídica".

El último punto de las denuncias fue "por perseguir penalmente a los trabajadores en huelga, mediante la actuación de diferentes fiscales de la ciudad", destacó el comunicado.

Por otra parte, la AGTSyP informó que, "preocupados por la demora en finalizar la transferencia de la concesión del subterráneo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" solicitaron audiencias a los titulares de los distintos bloques de la Legislatura porteña.

Además del traspaso, los metrodelegados expresaron su preocupación porque "el 31 de diciembre marca el fin del subsidio que aporta mensualmente el Estado nacional por un monto de 30 millones de pesos y no se encuentran previstas partidas financieras en el Presupuesto 2013 de la Ciudad para compensar dicho importe".

En el comunicado, expresaron que "como representantes de los intereses del conjunto de trabajadores del Subte y el Premetro, hemos solicitado por escrito que se nos conceda una audiencia donde podamos exponer nuestra preocupación y presentar propuestas que garanticen la viabilidad y que permitan mejorar este servicio vital para quienes transitan cotidianamente por la ciudad".