Parodi celebró que el fallo de Liberatori, que resuelve la causa de fondo, "viene a reforzar la cautelar que en su momento presentó Roberto Boico (abogado constitucionalista, actor en la causa)", y sostuvo que la línea 0-800 abierta por el PRO para que se denuncie “intromisión política en las escuelas” buscaba "disciplinar a los docentes impidiendo que se hable en las escuelas sobre determinados pensamientos ideológicos".

En ese sentido, Parodi recordó que "se trata del mismo gobierno que censuró los materiales del bicentenario, que ellos mismos prepararon a través de la Dirección de Currícula, donde se reflejaban las miradas sobre la historia de los pueblos originarios, los afrodescendientes y las mujeres, en lugar de la mirada clásica mitrista".

Por su parte, Filmus lamentó que "constantemente tenga que ser la Justicia la que ponga límites en el afán represivo del gobierno de Mauricio Macri" y recordó que la Justicia debió actuar "cuando Macri dio la orden de llevar las listas de estudiantes que tomaban las escuelas a la comisaría, y también en el caso del `Fino´ Palacios y Ciro James con las escuchas ilegales".

Además, la diputada kirchnerista Gabriela Alegre señaló que la sentencia ratifica que "la participación política es derecho de los niños y los jóvenes". "Esperamos que entiendan que no pueden propiciar prácticas delatoras y persecutorias en la educación", afirmó la legisladora.

En tanto, el diputado del MST en Proyecto Sur, Alejandro Bodart, sostuvo: "Me parece bien que esta aberración se prohíba, era una política que sólo buscaba amedrentar". Y recordó que la gestión macrista también "quiso prohibir que se hagan asambleas, o que durante las tomas le mandó una circular a los directores de los colegios instando a que denuncien a los alumnos y a los docentes en la Policía".