La jueza Elena Liberatori le ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, que se abstenga de sancionar a docentes o estudiantes a partir de información que obtenga del 0-800 que el gobierno de Mauricio Macri abrió para que se denuncie “intromisión política en las escuelas”. La magistrada dictó la sentencia de fondo en la causa que se abrió cuando fue creada la línea de denuncias y en la que ya había dictado una cautelar que la reducía a poder recibir solamente lo que tuviera que ver con delitos tipificados en el Código Penal.

La causa comenzó por una denuncia del abogado Roberto Boico luego de que Bullrich instrumentara un 0-800 para denunciar “intromisión política” y salió a demonizar un taller de El Eternauta que dictaba la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia del gobierno nacional. Luego de una audiencia con la jueza Liberatori, en la que el ministro de Educación tuvo que admitir que no había visto el taller y que no le constaba que existieran delitos, la magistrada dictó una medida cautelar en la que restringió el uso de la línea a una suerte de mesa de entradas de la Justicia Penal. Entre los informes que recibió del gobierno porteño, la magistrada encontró uno que hablaba de la inutilidad de la línea: más de la mitad de los llamados eran personas que cortaban sin dejar mensaje. Del resto, cerca de un treinta por ciento eran insultos.

La causa continuó su curso y el viernes pasado Liberatori dictó el fallo de fondo. En él, le ordenó a Bullrich “abstenerse de ejercer potestad sancionadora alguna en relación con los estudiantes y docentes de escuelas públicas con base en hechos y conductas denunciadas anónimamente”. Volvió a limitar el funcionamiento del 0-800 “sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal”, que deben ser informadas a la Justicia. La jueza destacó que el “único propósito” de la medida macrista es “recibir información anónima respecto de actividad política ejercida por alumnos o personas afines a La Cámpora”. También indicó que la línea carece “de todos los procedimientos previstos en la ley” y la figura de la denuncia anónima “viola el derecho constitucional”.