Según quedó consensuado hoy en la reunión de labor parlamentaria, el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para hacerse cargo del subte obtuvo una "preferencia" para ser debatido en el recinto el jueves 13, en una sesión en la cual también se tratarían varias iniciativas polémicas presentadas por el PRO.

En tanto, el texto ingresado ayer en la Legislatura cosechó nuevas críticas por parte de legisladores de la oposición, que afirmaron que no acompañarán con su voto para que sea aprobada la propuesta, que para su sanción requiere de 31 sufragios.

Esa cantidad de escaños es algo que preocupa al PRO ya que cuenta con 26 bancas propias y al menos 3 de diputados aliados, cifra que no le alcanza para una aprobación cómoda, sino que lo obliga a salir a buscar nuevos respaldos de bloques opositores.

Para el legislador porteño del Encuentro Popular para la Victoria, Francisco "Tito" Nenna, la iniciativa de Macri de incluir en el proyecto de ley para el traspaso del subte la declaración de "servicio esencial" para ese medio de transporte "cercena los derechos de los trabajadores", y lleva a la "política neoliberal de los noventa".

Por su parte, el legislador porteño del Frente Progresista Popular Aníbal Ibarra adelantó que "así como está, no voy a votar" el proyecto. "La ley es un decálogo de otorgar superpoderes a Macri", aseguró Ibarra a Télam, al tiempo que cuestionó que, entre otros puntos, la iniciativa "le permite contratar en forma directa obras sin pasar por licitación alguna y fijar las tarifas libremente sin necesidad de fijar audiencia pública".

El diputado Alejandro Bodart, del MST-Proyecto Sur, afirmó que "el proyecto es ilegal ya que busca recortar el derecho de huelga que es una conquista de estatus constitucional, y pretende declarar esencial un servicio que tanto la OIT, como la ley nacional establecen claramente que no lo es".

Desde la vereda macrista, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, manifestó que el proyecto de ley contiene "las condiciones mínimas para gestionar el subte" y remarcó que, "sólo de gastos corrientes", el mantenimiento de la red requiere "1050 millones de pesos por año".

Entre otros aspectos, la iniciativa prevé tres vías para financiar el funcionamiento de los subtes: una suba en las tarifas de peajes, la incorporación de un monto extra en el valor del litro de combustible, y un aumento en el valor de las patentes para vehículos de alta gama

Además, incluye la declaración del subte como un "servicio público esencial" y la amenaza de denunciar penalmente a trabajadores que decidan adherir a una huelga. El texto, compuesto por 80 artículos, establece también que, "en caso de conflictos colectivos que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos, los cuales no podrán ser inferiores al 90 por ciento de los servicios regulares en horas pico y al 60 por ciento de los servicios regulares en horas valle".