Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973 y la causa fue archivada este año por el juez federal Ariel Lijo, al considerar que no pudo darse con los autores directos del asesinato -que es atribuido a la organización guerrillera Montoneros- y por eso consideró prescripto el crimen.

Hoy la sala II del tribunal de apelaciones entendió que la decisión fue "prematura" y que ante la falta de evidencias no puede dictaminarse aún si fue o no un delito de lesa humanidad. "Deviene imprescindible la profundización de la pesquisa", advirtieron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun.

Ordenaron realizar una batería de medidas de prueba tendientes a dar con los "autores materiales e intelectuales" y determinar "después el grado de inserción o pertenencia" que "pudieron haber tenido en la organización que en principio se atribuyó el suceso", en referencia a Montoneros.

Al mismo tiempo, la Cámara dispuso investigar cuál era la inserción de la organización "en los recursos estatales de la época", además de intentar establecer los "vinculos de los autores con el Estado o sus organismos".

Entre las medidas ordenadas al juez figura una declaración por exhorto, la convocatoria de nuevos testigos y el análisis de documentos desclasificados de la época.