Lo que anula el decreto oficial es la medida tomada el 20 de diciembre de 1991, en el marco de la Ley de Emergencia Económica sancionada ese año durante la presidencia de Carlos Menem, mediante la cual se aprobó el boleto de compraventa entre el Estado y la SRA por el cual ésta adquirió el Predio, y el 27 de mayo de 1992 se le otorgó la escritura de dominio.

Según el Gobierno, esa compraventa se efectivizó por el precio de 30 millones de dólares y por el sistema de contratación directa y el pago de la operación se fijó en cuotas que llegaban hasta 1994, cuando la finalidad de la Ley de Emergencia Económica buscaba la obtención de recursos en forma acelerada, a través de la venta de los inmuebles estatales innecesarios.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación aseguró en 2010 que la tasación del inmueble, según valores al 20 de diciembre de 1991, al contado y desocupado, era de 63,6 millones de dólares. En consecuencia, el importe que finalmente se estipuló como precio de la compraventa del inmueble, resultó sustancialmente menor a la tasación realizada.

"Al existir, en la compraventa analizada, una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado, sobre la base de lo cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, razón ésta que, a su vez, no ha sido expuesta en las actuaciones, el Decreto 2699/91 se encuentra viciado, en sus elementos causa, objeto, finalidad y motivación", dice el decreto que reglamenta esa medida.