El escrito se centró en los cuestionamientos sobre la conducta de los magistrados, pero no sobre el fallo absolutorio de fondo, el cual será motivo de apelación ante la Suprema Corte de Tucumán, que será presentado en los tribunales en febrero de 2013.

"Pedimos la destitución de los tres jueces por las irregularidades cometidas durante los diez meses y medio de audiencias, por todas las violaciones que se cometieron al Código Penal y a otros tipos de normativas", sostuvo el querellante José D'Antona.

El abogado remarcó que los jueces "no le creyeron a las víctimas (que declararon durante el juicio), para ellos eran putas que estaban ahí (en los burdeles riojanos) porque querían". También repudió que el tribunal tampoco tomara en cuenta que "una de las imputadas amenazara en plena audiencia a una de las testigos que estaba declarando; otro amenazó tres veces durante diez meses a uno de mis colegas, (Carlos) Garmendia; a las ocho víctimas-testigo se las maltrató, se permitieron interrogatorios vejatorios. El tribunal no hizo nada", detalló.

La presentación del jury será analizada en la comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana, donde el oficialismo tiene amplia mayoría, ya que la integran 11 peronistas y el único opositor es Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana. Si consideran que tiene fundamento, la girará al Jurado de Enjuiciamiento conformado por cinco legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, otro del Colegio de Abogados y uno más de la Corte.