En su alegato, el abogado Alejadro Freeland dijo que durante el debate oral y público se probó que los manifestantes del PO "suelen ir armados, llevar palos, piedras y gomeras" en sus marchas y protestas, por lo que este caso se trató de una "riña" y no un homicidio. En cambio, de acuerdo al abogado, "los ferroviarios van desarmados" a las manifestaciones.

El hecho que provocó la muerte de Ferreyra y heridas de bala a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Pablo Pintos, ocurrió el 20 de octubre de 2010 en el barrio Barracas, cuando militantes del PO organizaban una protesta por la incorporación de tercerizados a la planta permanente de los ferroviarios.

En su alegato, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra, pidió perpetua para Pedraza, Fernández, Cristian Favale, Gabriel Sánchez (estos dos presuntos autores materiales del homicidio) y para Pablo Marcelo Díaz, Francisco Pipito y Jorge Daniel González, como coautores.

La misma pena pidió para Claudio Gustavo Alcorcel, y los policías Hugo Ernesto Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Luis Alberto Echavarría, Rolando César Garay y Gastón Maximiliano Conti, como partícipes necesarios de homicidio calificado. El CELS solicitó cuatro años de prisión para Pérez y Uño, por encubrimiento agravado, y un año de prisión para David Ismael Villalba, por omisión de los deberes de funcionario público.

El PO, en representación de Rodríguez y Aguirre, pidió 25 años para Pedraza y Fernández, como instigadores del plan criminal del resultó en la tentativa del homicidio calificado de sus asistidos. Esa querella pidió la misma pena para Favale, Díaz y Sánchez, como coautores del mismo delito, y para González, Alcorcel, Pérez, Pipitó, Uño, Mansilla, Ferreyra, Lompizano, Garay, Villalba, Echavarría y Conti, como partícipes necesarios.