El decreto firmado por De la Sota dice basarse en "los hechos que son de público y notorio conocimiento", y retoma sin nombrarlas las versiones sobre una intervención del gobierno en Clarín, que fueron desmentidas por funcionarios nacionales. Alega que existen "acciones de avasallamiento de las libertades apuntadas, concretadas, en grado de tentativa o anuncio inminente, que han adquirido una virulencia tal que permiten concluir acerca de la veracidad sobre las mismas".

Además, se sustenta en "el principio incontrovertido de la competencia exclusiva y excluyente de la Provincia en las materias no delegadas al estado federal" para declarar "nulos" todos los actos que afecten "la libertad de prensa", definida así en sentido amplio y vago. Añade que se arroga la facultad de ilegalizar "cualquier acción pública y/o privada que de manera directa y/o indirecta" afecte a las empresas de medios radicadas en Córdoba.

El articulado del decreto N°525 abunda en generalidades sobre "el derecho y la libertad de expresión, opinión y prensa" que afirma defender basándose en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución provincial. Sostiene que la regulación en ese campo es "potestad legislativa de la Provincia de Córdoba" y agrega que "ninguna norma nacional, provincial o municipal" puede por "vía directa o indirecta restringir, censurar o alterar" el ejercicio de la libertad de prensa.

Hace un año, la Corte Suprema de Juticia resolvió sobre la inconstitucionalidad de normas dictadas por las provincias que se pongan en contradicción con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando dictó una medida cautelar en contra de la provincia de San Luis que intentó sancionar una ley de medios propia. Sin embargo, De la Sota en su decreto argumenta que las normas que considere "afecten a la libertad de expresión" son "inaplicables dentro del territorio provincial".

El decreto, que será remitido a la Legislatura unicameral para su ratificación, también establece que en las empresas mediáticas cordobesas (incluidas las "participaciones sociales que los integran") no podrán designarse administradores o veedores. Tampoco podrán ser intervenidas, desapoderadas o declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación.

Al respecto, el diputado kirchnerista Fabián Francioni dijo que "lo que tienen que hacer De la Sota y Macri es asegurar el cumplimiento de la Ley de Medios como instrumento supremo para garantizar la libertad de prensa y expresión". Añadió que "De la Sota se burla de los cordobeses. Fue el primero en cercenar la vigencia de la pluralidad de voces clausurando las cinco antenas de la Televisión Digital Pública (TDA) para favorecer el negocio del Grupo Clarín".