Si hay algo que produjo el Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri es repercusiones. La mayoría, no muy positivas. Diversos constitucionalistas y especialistas en comunicación consideraron que el jefe de Gobierno no tiene jurisdicción para dictar una norma que choca con leyes nacionales y competencias federales. Los juristas recordaron el caso de San Luis, que intentó avanzar con una ley de medios provincial, pero fue suspendida por la Corte Suprema. El PRO avanzará en la ratificación del decreto en la Legislatura y en presentar proyectos similares en otras provincias, para lo que contará con la ayuda de su aliado intermitente Francisco de Narváez. Desde el kirchnerismo cuestionaron el DNU y desmintieron que se esté evaluando la presunta intervención del Grupo Clarín, que motivó la norma del líder del PRO. Además, presentarán un amparo para que se suspendan los efectos del decreto.

Si Macri quería atención, la consiguió. Dirigentes políticos, agrupaciones gremiales y abogados discutieron sobre el decreto que dictó, en el que crea un fuero especial en la Ciudad para las empresas periodísticas. El DNU protege especialmente las licencias de comunicación audiovisual en litigio por la ley de medios, los bienes como Papel Prensa y blinda a las empresas de reclamos tributarios.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, consideró que el DNU “es una falta de respeto del orden jurídico”. También diversos gobernadores lo criticaron, y desde la gestión socialista de Santa Fe descartaron la idea de sumarse con una iniciativa propia. Desde el kirchnerismo, se presentarán ante el Poder Judicial para que declare inconstitucional la norma. Mientras tanto, el PRO anunció que presentará proyectos legislativos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Tucumán, San Juan y Santiago del Estero.

Uno de los pocos apoyos que cosechó por fuera del macrismo fue el de De Narváez, quien dijo que la iniciativa le parecía correcta y que también iba a presentar un proyecto de ley en el Congreso bonaerense. También Felipe Solá adhirió a la decisión del jefe de Gobierno. En tanto, Elisa Carrió y Pino Solanas se pronunciaron a favor de ratificar el decreto, aunque en sus filas no están tan seguros (ver aparte).

Por su parte, la agrupación gremial Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) afirmó que “Macri sobreactúa a favor de las empresas periodísticas que a diario desconocen nuestros derechos, mientras intenta ilegalizar nuestro derecho constitucional a la huelga. No necesitamos ningún decreto, necesitamos la aplicación de la ley de medios”.

En tanto, diversos constitucionalistas opinaron que Macri no podía hacer lo que hizo y que el decreto va camino a ser declarado inconstitucional. “Me parece una típica puja de un organismo subnacional que arma un corralito para resistir una regulación federal. Todo indica que no está dentro de sus competencias”, consideró Gustavo Arballo, que es secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

Arballo dividió el decreto en tres partes. “La primera reproduce bastante literalmente cláusulas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es innecesario, inocuo o redundante”, consideró. “La segunda parte tiene una suerte de blindaje en tutela de la libertad de expresión. Acota la posibilidad de que en la jurisdicción se ejerzan actos administrativos de autoridades que regulan el tema. Dice que los medios son inembargables o que no se los puede intervenir. En general, tiene un potencial muy amplio de efectiva colisión de normativas federales”, estimó Arballo, quien recordó el caso de San Luis, donde la Corte falló en favor del gobierno nacional, aunque con una medida cautelar. Todavía no dictó el fallo de fondo. “En lo que es telecomunicaciones está más o menos claro que la competencia es federal”, consideró Arballo ante Página/12. La última parte es la creación del fuero especial.

El defensor general porteño Mario Kestelboim advirtió que el DNU no hace más que “reforzar garantías que ya están vigentes a nivel nacional y por eso es absurda esta medida, ya que se está prohibiendo lo que está prohibido” y que “contradice el orden jurídico” federal. Para el constitucionalista Félix Loñ el DNU es “flojo jurídicamente” y va a tener una “aplicación nula”, dado que un decreto porteño no puede modificar la legislación nacional. En cualquier litigio contra la Nación, el fuero es federal. En los tribunales porteños compartían esa idea.

Por su parte, el especialista en legislación sobre medios de comunicación Damián Loreti analizó diversas incongruencias del DNU de Macri. En los considerandos cita a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero le hace cambios significativos a la hora de la aplicación. Por ejemplo, el artículo 13.3 de la Convención indica que no puede haber restricción indirecta a la libertad de expresión, por parte del Estado o de particulares. En el DNU de Macri se borra a los particulares. Cuando le preguntaron al jefe de Gobierno por la posición dominante de dos diarios en Papel Prensa, respondió que el tema estuvo en litigio y “no procede”.

Loreti encontró también que choca con normas como el Código Civil, la ley de medios y el Estatuto del Periodista, entre otros. Pero, además, advierte que si se aplicara no se podrían ejecutar juicios laborales contra medios de comunicación, ni aplicar la ley de antidiscriminación, de género, las restricciones vinculadas a la trata de personas. También encontró que colisiona con la prohibición que establece la Constitución porteña para que el jefe de Gobierno legisle sobre materia tributaria.

“Establece que los medios sólo pueden estar sujetos a la Ley de Defensa de la Competencia de alcance general y nunca leyes específicas. Esto importa negar la aplicación de la ley de medios –afirmó Loretti–. Al respecto el relator de libertad de expresión de la ONU sostuvo, en el informe 2004, que las leyes generales de defensa de la competencia son insuficientes para garantizar pluralismo.” Todo indica que el DNU terminará judicializado. En ese caso, es probable que tenga que recorrer toda las instancias hasta llegar a la Corte Suprema.