"Este estricto régimen refleja el deseo del presidente de lograr el equilibrio correcto entre proteger nuestra seguridad nacional y proteger los derechos constitucionales y las libertades civiles", dijo Earnest. El vocero agregó que la información recopilada a través de las escuchas telefónicas hechas por la Agencia Nacional de Seguridad "han sido un arma clave a la hora de proteger al país de amenazas teroristas, ya que le permite al personal de la lucha antiterrorista descubrir si conocidos o presuntos terroristas han estado en contacto con otras personas que podrían haber realizado actividades terroristas, especialmente gente dentro de Estados Unidos", señaló.

La senadora demócrata Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara alta norteamericana, lo resumió de forma más sencilla: "Se le llama proteger Estados Unidos", declaró.

El gobierno de Barack Obama está tratando de impedir que la nueva revelación del seguimiento de datos telefónicos, adelantada por el diario británico, se convierta en un nuevo escándalo en momentos en que la Casa Blanca lidia aún con las acusaciones de espionaje de periodistas y de grupos ultraconservadores.

"The Guardian" suministró un link con la resolución firmada por el juez Roger Vinson, de la United States Foreign Intelligence Surveillance Court (Corte de Supervisión de Inteligencia Extranjera Secreta), que le ordena a la compañía telefónica Verizon que debe suministrar cierta información sobre todas las llamadas telefónicas realizadas dentro de Estados Unidos, así como a teléfonos en el extranjero, desde el 25 de abril y por un lapso de tres meses.

Al parecer, la orden, que afecta a millones de usuarios, indica a Verizon suministrar toda la "metadata telefónica" sobre una "base diaria", es decir, los números telefónicos de quien llama y de quien recibe la llamada, que no incluye nombres, direcciones o información financiera sobre los clientes.

La información permitiría a la Agencia de Seguridad Nacional descifrar patrones de comunicación dentro de Estados Unidos así como entre Estados Unidos y el extranjero. La inusual resolución judicial no especifica una amenaza o qué grupo está siendo investigado, y se basa en una clásula de la Patriot Act, la ley aprobada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre.

Según explicó Feinsein, la orden judicial a la que se refiere el diario constituye una renovación periódica que le ordena a las compañías telefónicas proporcionar acceso a sus registros. El portavoz Earnest, por su parte, subrayó que la medida "no le permite al Gobierno escuchar ninguna llamada, la informacion adquirda no incluye el contenido de ninguna comunicación o el nombre de ningún suscriptor (del servicio telefónico), sino que se refiere exclusivamente a detalles de la llamada como su duración o el número de teléfono".

El líder de la mayoría demócrata en el senado, Harry Reid, afirmó entretanto que el programa de espionaje sirvió para "prevenir no todo el terrorismo pero sí una gran mayoría" de acciones terroristas durante los últimos siete años. Incluso representantes del partido opositor aseguraron que no se trata de algo nuevo. "Esto pasa desde hace siete años. Todos los miembros del Senado fueron informados de ello", advirtió el senador republicano Saxby Chambliss.

Aun así, la revelación del rotativo británico provocó protestas inmediatas. "En la era digital, la privacidad debe ser una prioridad. ¿Soy solo yo o es esta vigilancia secreta obscenamente indignante?", twiteó el exvicepresidente demócrata Al Gore.

Mientras tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) abrió una petición en su página web para reclmar que Obama "detenga de inmediato" esta práctica "totalmente inaceptable".