Dos juezas se pronunciaron ayer en favor de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras que otros dos magistrados se sumaron con sus amparos a la lista de los que ordenaron suspenderlas. La estrategia opositora de presentar pedidos de cautelares al por mayor, en todas las provincias y varios fueros, continuó dando sus frutos. Las cautelares que frenan la elección de los consejeros ya llegan a la docena. En uno de los fallos que ayer, en cambio, rechazaron pedidos en este sentido, la jueza federal Martina Forns observó que la nueva ley “reafirma y estimula la participación popular” en la organización de la Justicia, un tema “de indudable trascendencia para toda la sociedad”. La magistrada observó además que el argumento de que con la reforma se va a “politizar” la elección de los jueces “es una afirmación dogmática”.

Forns también discrepó con el planteo de que la reforma del Consejo viola principios constitucionales y la separación de poderes. “Paradójicamente –dijo en su respuesta al abogado Claudio Marcos Desimone– resulta de la simple lectura de dicha ley que se reafirma y estimula la participación popular.” La jueza recordó que en las elecciones nacionales están habilitados para votar 28 millones de argentinos, “que podrán decidir sobre los asuntos públicos referidos a la organización de la Justicia y a la forma de integración política y estamentaria del Consejo de la Magistratura. Notoria diferencia con el régimen anterior en donde tan sólo 700 magistrados, decenas de académicos o 20 mil abogados votaban en cuestiones de indudable trascendencia para toda la sociedad”.

Todos los fallos dictados hasta ahora son de primera instancia. Entre las posibilidades que tenía el Gobierno nacional de habilitar la elección de los consejeros en las próximas elecciones legislativas figuraba acumular todas las presentaciones en un solo juzgado, el de Servini de Cubría, que tiene competencia electoral, para lo cual el Estado tenía plazo de sentar posición hasta las 9,30 de hoy.

En cuanto a los nuevos amparos que se sumaron a los que ya frenaban la aplicación de la ley, ayer se agregó uno conseguido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari –que el miércoles había dictado fallos similares– hizo lugar a la cautelar solicitada por el titular del Colegio, Jorge Rizzo, uno de los impulsores de la oposición a la reforma.

El Centro de Información Judicial (CIJ) también difundió la cautelar del juez de La Plata Alberto Recondo, que consideró que existen “elementos suficientes que en apariencia” marcan que la reforma del Consejo “no es ajustada a derecho”.