Ellos, junto a los mandatarios de Uruguay, José Mujica -quien ya había llegado a Cochabamba pero no estaba presente en el estadio-, y de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mantendrán una reunión extraordinaria en el marco de la Unasur. Los presidentes tienen previsto sesionar en un hotel del centro de Cochabamba para emitir una declaración de respaldo a Morales y analizar la situación diplomática generada por la negativa de España, Francia, Italia y Portugal a que el avión presidencial boliviano sobrevolara sus territorios.

El acto en el Coliseo de la Coronilla comenzó minutos después de las 17 (las 18 en la Argentina) y tuvo como primeros oradores al gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, y a dirigentes de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, el sindicato de trabajadores petroleros y la Confederación de Campesinos.

Por la mañana, en una carta entregada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el gobierno boliviano instó a "impedir que se siente un nefasto precedente que podría afectar a otros dignatarios y poner en riesgo la convivencia pacífica entre los estados". La misiva, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Prensa Latina, está firmada por el representante permanente de Bolivia ante el organismo mundial, Sacha Llorenti, y detalla la actuación de las autoridades francesas, portuguesas y españolas contra la nave presidencial. "Muestra con claridad que las libertades y los derechos más elementales pueden someterse a los intereses de unos pocos", denunció La Paz.

El texto califica la conducta de Francia, España, Italia y Portugal, que le negaron autorización para sobrevolar su espacio aéreo al mandatario boliviaano, quien estuvo retenido en Austria durante 14 horas, como una "flagrante violación al derecho internacional y a la seguridad personal y libertad del presidente boliviano".

"Se ha cometido un atentado a las más elementales normas de la diplomacia a las que están obligados los estados", subraya. "Una agresión injustificable al presidente constitucionalmente electo en virtud a su posicionamiento político, que ciertamente incomoda a los poderes globales que creen que aún poseen autoridad imperial sobre las naciones del mundo", añade la carta entregada por Llorenti.

La denuncia de Bolivia solicita al titular de la ONU que informe al respecto a la comunidad internacional "para evitar que lo sucedido quede en la impunidad e impedir un nefasto precedente que podría afectar a otros dignatarios". También le pide a Ban que se pronuncie frente a esta agresión que "muestra con claridad que las libertades y los derechos más elementales pueden someterse a los intereses de unos pocos en desmedro de la mayoría".

Mientras tanto, la Cancillería informó que el gobierno de Bolivia devolvió a la embajada de Estados Unidos la solicitud de extradición del exagente de Inteligencia Edward Snowden, por considerarla ilegal e infundada. De acuerdo con un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia procedió a la devolución "inmediata y categórica" de la petición, por carecer de sentido dado que el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos no se encuentra en la nación andina.

"La extraña, ilegal, infundada y sugestiva solicitud de extradición de una persona que no se halla en territorio del Estado requerido, será devuelta al gobierno de Estados Unidos de forma inmediata y categórica", señala el texto.

El canciller David Choquehuanca, por su parte, negó que Snowden se hubiera entrevistado con el presidente Evo Morales en Rusia o que hubiera abordado el avión presidencial en Moscú.

Choquehuanca consideró que la solicitud de extradición recibida de Estados Unidos explica la decisión de varias naciones europeas de bloquear su espacio aéreo por temor a que el avión presidencial transportara a Snowden. "No es casual, esa nota llegó a la cancillería con este contenido. Consideramos que Estados Unidos ha pensado que Snowden estaba en el avión presidencial y que los países han actuado de manera consensuada", denunció según las agencias Prensa Latina y Europa Press. Ratificó además que su gobierno no ha recibido solicitud de asilo del especialista en informática estadounidense y explicó que, en caso de recibirla, se procederá a su consideración.

Además, Choquehuanca manifestó su "profunda indignación" por la solicitud de extradición, subrayando que viola los acuerdos bilaterales sobre la materia suscriptos en 1995 y 2011 y que supone "una franca violación de los principios que rigen las relaciones internacionales" de Bolivia.