Los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 29, serán quienes lleven adelante el debate en el que se recrearán los hechos ocurridos el 19 de abril de 1991, en el estadio de Obras Sanitarias, del barrio porteño de Núñez.

El abogado de Espósito, el penalista Pablo Argibay Molina, insistió reiteradas veces ante los distintos jueces y tribunales que "la imputación contra el policía es nula" porque su cliente -según dijo- estaba autorizado para detener a Bulacio sobre la base normas y reglamentos entonces vigentes y que luego fueron declarados inconstitucionales.

Bulacio murió como consecuencia de un "aneurisma no traumático" tras ser alojado en la comisaría 35 y en 2011 Espósito fue sobreseído por el homicidio, aunque quedó vigente la acusación por la detención.

Quienes detuvieron a Bulacio en su momento invocaron el "Memorando 40", una disposición pergeñada por dos magistrados correccionales en 1967, que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito era entregárselo a los padres.

Tras años de presentaciones judiciales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino luego de que éste admitiera su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la integridad física del adolescente.

En aquella oportunidad, la CIDH condenó al Estado argentino a indemnizar a la familia de Bulacio y a proseguir la investigación por el crimen. La causa fue cerrada, pero en diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó su reapertura.