El fallo sostiene que la pretensión del representante de la procuración porteña "no puede prosperar pues acceder a ello instaurarí­a en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores".

El texto señala que los hechos ocurrieron "en circunstancias en que personal de la Policí­a Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la 'Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental', un grupo de personas reaccionó fí­sicamente contra los uniformados".

Indica, además, que los miembros de la Policía Metropolitana que reprimió ese día sufrieron "distintos tipos de lesiones" y que los manifestantes les "habrí­an dañado tanto los elementos de protección que portaban". Pero, al mismo tiempo, "con motivo del accionar policial también habrí­an resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así­ como periodistas, legisladores y agentes gremiales".

Los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas sostuvieron que, a raíz de ese accionar policial resultaron "imputados miembros de la Policí­a Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodrí­guez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de 'daño agravado', 'lesiones', 'abuso de autoridad', 'incumplimiento de los deberes de funcionario público' y 'abandono de persona'".