La Cámara sostuvo que se tiene por acreditado que, al menos desde agosto de 2006 hasta agosto de 2008, con la finalidad de buscar información o noticias, los tres integrantes de la asociación ilícita interceptaron correos electrónicos "de distintos funcionarios del gobierno nacional", los que eran distribuidos entre terceras personas según su contenido e interés. "La Sala entiende que, con los elementos probatorios reunidos hasta el momento, se pudo acreditar, con la convicción que requiere esta etapa del proceso, que se procuró, buscó y obtuvo información que debía permanecer secreta en función de la seguridad de la Nación", señala el fallo.

En otro tramo establece que "no se requiere que el agente conozca acabadamente la procedencia ilícita del objeto -en la causa, los correos electrónicos que le fueron enviados a los periodistas- sino que, por el contrario, lo que debe mediar en el caso concreto es la posibilidad del agente de sospechar, de acuerdo con las circunstancias que rodearon su receptación, que aquel provenía de un delito".

La Cámara de San Martín impuso además embargos de 400 mil pesos a Yofre, 200 mil a Carpintero y Alderete y, cien mil pesos a Reimundes, Ick, Mainhard, Pagni y García.