El pedido de renuncia para Paredes y Frías lo realizó el bloque de legisladores provinciales del radicalismo y del Frente Progresista y Social, y la agrupación política Unidos y Organizados. "La Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas", sostuvieron desde el sector kirchnerista.

Esta mañana, el gobernador José Manuel de la Sota convocó a los medios en el Centro Cívico para informar sobre las distintas medidas de asistencia a los damnificados por los incendios, donde evito referirse a la detención del jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, y otros cuatro efectivos, pero al ser consultado, el jefe de Gabinete fue el encargado de responder que "nunca hemos dicho nada que ponga en tela de juicio la continuidad de las autoridades", y que ôrige el principio de inocencia hasta que la justicia dictamine en contrario".

Sin embargo, Unidos y Organizados recordó las declaraciones del jefe de Policía durante el velatorio del policía miembro de Drogas Peligrosas, Juan Alós --encontrado sin vida en su auto el pasado sábado y cuyas circunstancias de la muerte aún resta esclarecer-- por "irrespeto hacia la Justicia" y consideraron que vuelve a ocurrir "tras los allanamientos y detenciones dispuestas" por la Justicia Federal. Además, acusaron al gobierno de De la Sota de "entorpecer las investigaciones ante las sospechas de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos y su connivencia con el narcotráfico".

Por su parte, el bloque de legisladores delasotistas de Unión por Córdoba (UPC), que por intermedio de su titular, Sergio Busso, atribuyó a "una maniobra del gobierno nacional la denuncia contra los policías, el funcionario dijo que se trata de ôuna posición política de los legisladores".

En tanto, el senador nacional del Frente Progresista y Social de la Córdoba, Luis Juez, quien también pidió la renuncia de los dos funcionarios, exigió al gobernador que "deje de encubrir a la policía". El legislador nacional también anticipó va a promover una "denuncia penal" en contra del mandatario provincial y de los funcionarios que tienen responsabilidad política sobre la policía.

Ayer en la medianoche se entregaron ante la Justicia y quedaron en calidad de detenidos los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre quienes la Justicia Federal había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presunto vínculos con el negocio del tráfico de drogas.

Los detenidos son el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; oficial inspector Franco Argello; sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.

Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro, ordenó en las últimas horas de ayer una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que paralelamente había emitido la orden de detención para los mencionados.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `el francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC y que motivó al fiscal Senestrari acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.

Viarnes, en calidad de `arrepentido´ dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.