El rechazo de la fiscalía a las detenciones no implica que se rechace el trámite de su extradición. No obstante, la Justicia española deberá dar su opinión sobre ambas cuestiones. El escrito de Zaragoza -quien acusó al exjuez Baltazar Garzón de abrir una "inquisición general" contra la guerra civil y la dictadura franquista- será estudiado por el magistrado a cargo de la guardia, Pablo Ruz, ya que no se sigue ningún proceso en España contra los reclamos por ese caso.

Servini de Cubría dictó una orden de captura contra el exguardia civil Jesús Muecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal (fallecido); el excomisario José Ignacio Giralde González, y el exinspector José Antonio González Pacheco.

En su resolución, la jueza argentina sostiene que los crímenes de esa dictadura son imprescriptibles y, por lo tanto, es aplicable el principio de jurisdicción universal. Pero el fiscal General español lo rechaza. Zaragoza fue nombrado por el gobierno español y es él quien impone su criterio en cada caso.