La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial español salió adelante gracias a la mayoría absoluta del derechista Partido Popular (PP) y sin el apoyo de ninguna otra fuerza política parlamentaria, en medio de un fuerte repudio al trámite exprés de la medida. Los partidos opositores advirtieron que la reforma del PP es "inconstitucional" y "promueve impunidad", al tiempo que acusaron al presidente el gobierno español, Mariano Rajoy, de "priorizar las relaciones comerciales por sobre los derechos humanos".

La nueva ley restringe la persecución de crímenes internacionales a los casos en los que el presunto responsable fuera español o extranjero con nacionalidad española o residente en el país. Además, es necesario que la Fiscalía interponga la querella (siempre fueron las acusaciones populares las que la promovieron) y otro requisito es que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado. Estas restricciones se aplicarán a las causas en trámite puesto que los tribunales españoles no pueden continuar con procedimientos en curso.

La decisión del PP de impulsar esta reforma, que prácticamente liquida la aplicación del principio de justicia universal por parte de los tribunales españoles, confirma una política que mantuvieron los sucesivos gobiernos españoles, reticentes a este tipo de procedimientos que suelen generar conflictos diplomáticos.

España no solo se negó siempre a juzgar los crímenes de su guerra civil y dictadura franquista sino que nunca apoyó, a través de la fiscalía, las causas abiertas en la Audiencia Nacional -máxima instancia penal española- por delitos de lesa humanidad, genocidios o torturas. El juez Baltasar Garzón, "pionero" en la persecución de crímenes internacionales -con la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet y contra represores argentinos-, terminó juzgado y luego absuelto, por su decisión de investigar las fosas y los niños robados del franquismo, en 2008.

La justicia española, no obstante, marcó un hito mundial en la lucha contra la impunidad con el juicio en 2005 al represor argentino Adolfo Scilingo, el primer condenado en un tribunal de un país extranjero por este tipo de crímenes. Pero esta fue la primera y la última sentencia de estas características de la Audiencia Nacional, que actualmente tiene abiertas hasta 15 causas en aplicación de la jurisdicción universal. Uno de los casos más delicados a nivel diplomático es la de la muerte del camarógrafo español José Couso, asesinado en Bagdad en 2003 durante el ataque del Ejercito estadounidense al hotel Palestina.

Entre los casos internacionales en poder de los tribunales españoles figuran la querella por el genocidio de Ruanda de los años 90; la acusación contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por el genocidio de la población maya de Guatemala (1999), y el genocidio de la población saharaui (1976-1988). Pero hubo dos causas que provocaron los mayores roces diplomáticos: la matanza de civiles en Gaza ocurrida en 2002, por la que está acusado el exministro israelí Benjamin Ben Eliezer; y el genocidio cometido en el Tíbet durante las décadas del 80 y 90, por el que está procesada la cúpula del entonces gobierno chino, incluyendo al expresidente Jiang Zemin.

Tras las protestas de la diplomacia israelí por la apertura del proceso de Gaza, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2009, con acuerdo del PP, el primer recorte a la jurisdicción universal. China protestó ahora por la orden de captura internacional dictada contra Jiang Zemin y otros cuatro exlíderes del país y dijo esperar que el gobierno español "sepa cómo resolver este problema" que "incide en el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales".

En noviembre, cuando otro juez instó a librar las órdenes de captura, ya se produjo una queja formal por parte de Beijing, el mayor tenedor de deuda pública española. Es por eso que Rajoy tenía preparado aprobar el proyecto, que cuenta con el rechazo de Amnistía Internacional y una decena de organizaciones de derechos humanos, a través de un trámite rápido que elude consultas a otros órganos.

Antes del debate, el vocero del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, admitió que la iniciativa es necesaria para evitar "disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos". Desde la oposición, la diputada socialista Soraya Rodríguez afirmó que "es inconstitucional, una ley no puede cerrar un proceso que ya está en marcha". "Les pido que retiren esta propuesta que afecta la reputación del país" que pasa "a la cola en la persecución de estos crímenes", remarcó.

"El PP tiene el honor de aprobar un Punto final y una Obediencia Debida", dijo por su parte el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, comparando la reforma con las leyes de impunidad de la Argentina aprobadas en la década del '80 y derogadas en 2003. El diputado sostuvo que era una "vergüenza intercambiar relaciones comerciales por derechos humanos" y que directamente se estaba "derogando la jurisdicción penal internacional".