La apelación fue presentada contra la sentencia de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, que declaró inconstitucionales el Memorándum firmado por los gobiernos de Argentina y de Irán, así como también a la ley 26.843 aprobada por el Congreso, que ratificó ese acuerdo internacional para avanzar en la investigación por el atentado terrorista a la mutual judía, en 1994.

“La Cámara se ha apartado arbitrariamente y sin fundamentación de las normas que regulan un proceso de amparo”, lo cual genera “incertidumbre jurídica”, indica parte del escrito publicado en el sitio oficial de Presidencia, en el que se pide al máximo tribunal penal del país que "declare improcedente" a esa medida.

La presentación hecha por la cartera que encabeza Julio Alak argumentó que “el tribunal ha cometido un exceso de competencia respecto de los planteos efectuados por los amparistas, y consiguientemente ha violentado el derecho de defensa en juicio del Poder Ejecutivo, al expedirse sobre cuestiones de la cuales no se habían agraviado los apelantes, las que tampoco fueron incluidas en el escrito de contestación de agravios presentado por el Estado Nacional”.

Además indicó que “admitir la acción de amparo (contra el memorándum) no obedeció a un razonado análisis de los antecedentes, sino que se sustentó en afirmaciones respecto del alcance que le asignó a la norma cuya constitucionalidad fuera controvertida”.