19:28 › CONDICIONES PARA EL AUTOABASTECIMIENTO
La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, se manifestó a favor de la propuesta del Ejecutivo discutida con gobernadores de las provincias petroleras para reformar la ley de hidrocarburos porque, opinó, la actual legislación "no contempla la explotación no convencional, que requiere tiempos de inversión diferentes".
El lunes pasado, diez gobernadores de provincias petroleras llegaron ayer a Olivos, convocados por la Presidenta de la Nación, con la esperanza de lograr el reconocimiento de un mayor protagonismo en la contratación de inversiones en la producción de hidrocarburos no convencionales.
Tras dos horas de reunión, los mandatarios provinciales se llevaron consigo “un proyecto base que define nuevas condiciones para la explotación de recursos no convencionales y la nueva producción de recuperación terciaria”, que los gobernadores analizarán con sus equipos técnicos y volverán a tratar en otro encuentro a realizarse en una semana, el lunes 16. El “acuerdo” adoptaría la forma de una reinterpretación de la Ley de Hidrocarburos vigente, a partir de este “proyecto base” elaborado por la conducción de YPF.
"Se comentaba que el estado nacional quería avanzar sobre las provincias y quedó claro que no es así. No lo planteó el gobierno nacional ni los gobernadores estábamos dispuestos a aceptar algo de estas características, que no existió", sostuvo Fabiana Ríos en conferencia de prensa.
Comentó también que en la reunión se analizó "el borrador de reforma de la ley de hidrocarburos, que se había planteado como una amenaza a las autonomías provinciales" e indicó que se trata de "una ley-convenio" y, por lo tanto, "para que sea presentada debe existir un acuerdo del gobierno nacional con las provincias", dado que no basta el aval de la OFEPHI por ser "una organización política".
"Está planteada una nueva reunión de trabajo y, por el camino que está transitando la discusión, no hay nada que nos haga pensar que no se va a llegar a un acuerdo", anticipó Ríos y dijo que "no es una ley de orden público sino que requiere la adhesión de las Legislaturas provinciales. Así que están dadas todas las garantías constitucionales para todas las instancias de participación y observación de cada uno de los puntos".
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