Diez gobernadores de provincias petroleras llegaron ayer a Olivos, convocados por la Presidenta de la Nación, con la esperanza de lograr el reconocimiento de un mayor protagonismo en la contratación de inversiones en la producción de hidrocarburos no convencionales. El punto en conflicto es que, desde la recuperación de YPF para el Estado nacional, la petrolera de bandera asumió el control y dirección estratégica de los planes de inversión y de asociación con el capital extranjero. El gobierno nacional plantea la prioridad del objetivo del autoabastecimiento y, en ese sentido, considera que el manejo de YPF en la materia es imprescindible, aunque descuenta que se “va a llegar a algún tipo de acuerdo con los gobernadores”. Tras dos horas de reunión, los mandatarios provinciales se llevaron consigo “un proyecto base que define nuevas condiciones para la explotación de recursos no convencionales y la nueva producción de recuperación terciaria”, que los gobernadores analizarán con sus equipos técnicos y volverán a tratar en otro encuentro a realizarse en una semana, el lunes 16. El “acuerdo” adoptaría la forma de una reinterpretación de la Ley de Hidrocarburos vigente, a partir de este “proyecto base” elaborado por la conducción de YPF.

Cristina Fernández recibió antes de las 19 a los gobernadores acompañada del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el titular de YPF, Miguel Galuccio, y los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof. Apenas un par de horas antes del inicio del encuentro, se conocía la presentación en el Congreso de un proyecto de declaración del senador Carlos Verna (peronismo federal) pidiendo que la Cámara alta expresara “su firme rechazo a todo intento de modificación de la ley 26.197, que pretenda desconocer o cercenar los derechos de los estados provinciales sobre sus recursos hidrocarburíferos, reconocidos a partir de la modificación constitucional de 1994”, ejecutada en plena década menemista. Una forma poco sutil de presión sobre los gobernadores, intentando comprometerlos a no pactar condiciones con el gobierno nacional que relajaran la rígida interpretación de que “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” corresponde a las provincias.

Oscar Parrilli, secretario de la Presidencia, se había referido a la cuestión reconociendo el punto de controversia, “eso de que los recursos eran de las provincias o de la Nación (...). Yo rescato la Constitución de 1949 (primer peronismo), que en su artículo 39 establecía claramente que los recursos naturales, como los minerales y el subsuelo, eran de la Nación con participación de las provincias”.

Especialistas, como Marcos Rebasa, del Instituto Scalabrini Ortiz, admiten la existencia de este punto de disputa. Rebasa plantea la necesidad de “una ley petrolera nacional lo suficientemente clara como para evitar esa puja y otorgar a cada uno el papel que le corresponde” (ver su nota en el suplemento Cash del último 1º de junio). En dicha nota, Rebasa establece una diferencia entre el criterio de “dominio” (señalado en la reforma constitucional) y “propiedad” (que reclaman algunas voces provinciales). “Es necesario descartar la alusión a la propiedad, que es equivocada, sin fundamento jurídico y que alienta expectativas sin base real.”

Esta divergencia estaba instalada en el eje de la convocatoria al encuentro de la víspera en Olivos. Los gobernadores han venido reflotando la figura de las empresas provinciales de energía buscando reglamentar la obligación de su participación en la explotación y la renta petroleras. Esta actitud enfrentó a las administraciones provinciales con la conducción de YPF, que reclama autonomía para cerrar acuerdos de inversión de riesgo con capitales extranjeros, tal como hizo con Chevron para el área Loma Campana, en la formación Vaca Muerta (Neuquén).

El gobierno nacional, en tanto, busca preservar y privilegiar el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento en el menor tiempo posible, para lo cual considera que no hay que atarle las manos a YPF. Ese propósito quedó plasmado en la propuesta de condiciones de explotación de los recursos no convencionales que ayer presentó Miguel Galuccio y que el gobierno nacional extendió a los provinciales. En una semana se conocerá la predisposición de los gobiernos de Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Formosa, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego de arrimarse a la propuesta.