La resolución de 60 carillas firmada por los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah indica que las pruebas recolectadas abonan la hipótesis de que “el patrimonio de Ricardo Raúl Jaime, mientras ocupara la función de Secretario de Transporte de la Nación, se incrementó de manera ilícita".

"La pesquisa llevada a cabo ha permitido acreditar prima facie que Ricardo Raúl Jaime incrementó su patrimonio de manera desproporcional a sus ingresos, valiéndose para ello de 'prestanombres' -tanto personas físicas como jurídicas- a los fines de desvirtuar el conocimiento del real titular de esos bienes", dice el texto.

Además, los camaristas entendieron que "en muchos de los casos, estas personas interpuestas, vía empleo de sociedades off shore, compraban y disponían de una serie de activos, los que incluso -en algunas ocasiones- eran revendidos a otras compañías pantallas, articulando de esta manera el reingreso de los fondos al real propietario".