Noemí Salto, quien junto a su esposo y los hermanos de Cristian, viven hace más de medio siglo en el campo San Bernardo, lugar del crimen ocurrido el 16 de noviembre de 2011, relató las amenazas que padecieron por parte de los sicarios que custodiaban el campo, que Ciccioli reclamaba como parte de su propiedad.

En la primera audiencia, Javier Juárez (44), acusado de "homicidio simple, lesiones graves y leves, amenazas y abuso de arma" y el empresario rural José Antonio Ciccioli (61), acusado de los mismos delitos como "partícipe secundario", se negaron a prestar declaración indagatoria.

Similar actitud asumieron los otros acusados, Carlos Abregú, Mario Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez, procesados por los delitos de "lesiones graves y leves, amenazas y abuso de armas", que llegaron en libertad al juicio oral y público.

En el inicio de la segunda jornada, la Cámara del Crimen I, presidida por Elida Suárez de Bravo, resolvió rechazar los planteos de nulidad presentados por los abogados Miguel Torres y Hugo Frola, defensores de Javier Juárez y Ciccioli, respectivamente, que durante las audiencias permanecen en el recinto con chalecos antibalas y bajo una fuerte custodia policial.

Asimismo, rechazó el planteo del abogado querellante Oscar Rodríguez, que representa al MOCASE y que en la etapa final del juicio "no podrá formular alegato ni pedir pena por los acusados".

El planteo surgió a raíz de algunos errores cometidos durante la instrucción judicial por un anterior letrado del MOCASE, que para el tribunal "resultan incorregibles" durante el actual proceso judicial.

La negativa al alegato del representante del MOCASE provocó malestar y expresiones de repudio de la organización que representa a los campesinos santiagueños, que en las dos jornadas se movilizaron al salón municipal en el que se desarrolla el juicio.