La condena fue dictada por el juez Mario Carroza, quien investiga cientos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura que comenzó con el derrocamiento de Allende, en 1973 y culminó en 1990, cuando Pinochet entregó el poder y se autoamnistió.

Hasta ahora la presidenta Bachelet no emitió declaraciones sobre el caso. Tampoco lo hizo el gobierno. El abogado Cristián Cruz, querellante por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, elogió la decisión de la Justicia.

El padre de la mandataria murió en 1974, tras sufrir un infarto de miocardio en la Cárcel Pública de Santiago, lugar donde había sido interrogado. Durante la dictadura militar, unas 3200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, según informes oficiales emitidos en democracia. Otros 35 mil prisioneros fueron torturados por agentes del Estado.