Álvarez resumió el caso al inidicar que se trata de "una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP".

La empresa que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la Presidenta, está en mora desde hace tres años en cuanto a la presentación de balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio que encabeza junto con Julio Alak.

Sin embargo, Álvarez aseguró que la cartera tiene "la potestad y lo vamos a hacer, le vamos a aplicar una multa a Hotesur y será la más severa. La multa es una multa de 3 mil pesos, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así. Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo".

El funcionario, en diálogo con radio Vorterix, precisó que "en la IGJ hay un problema estructural, hay 40 mil sociedades que no tienen regularizados sus balances, 40 mil, tenemos un problema en la IGJ, y una de las 40 mil es Hotesur".

En ese sentido, Álvarez consideró la presentación judicial y el allanamiento como una operación de prensa y volvió a acusar al juez Bonadio de utilizar las causas como "un escudo para que no se lo investigue". "No utiliza los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar a través de sus medidas", ratificó.

El secretario de Justicia indicó que no se va a denunciar al juez federal por esta causa en particular sino que "por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue en el Consejo de la Magistratura".

"No utiliza los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar a través de sus medidas, es clarísimo", insistió Álvarez y recordó: "Hablamos de Bonadio, un 'juez de la servilleta', un juez designado por (el ex presidente Carlos) Menem que respondía directamente a (el ministro del Interior del Menemismo, Carlos) Corach".