La abogada de la UAC, Silvia de los Santos, aseguró que los legisladores provinciales "no dieron cumplimiento constitucional de tratar nuestro proyecto de Iniciativa Popular" por lo que consideró que "les cabe una denuncia penal porque ya venció el plazo para tratarla".

Tal como indica la Constitución provincial, los vecinos reunieron durante un año las 13 mil firmas necesarias para, por primera vez en 20 años, accionar la herramienta de democracia semidirecta. Sin embargo, el martes, cuando vencía el plazo legal para su tratamiento, la bancada del Frente para la Victoria (FpV) presentó bajo el mismo nombre de "iniciativa popular" un proyecto radicalmente diferente del elevado por las asambleas y las comunidades originarias.

"Lo que se aprobó no es la iniciativa popular. Ni siquiera se leyó, aunque estaba en el Orden del Día y la norma que se aprobó no", sostuvo la letrada en diálogo con Radio 3 de Chubut. "Si quieren sacar la ley, que le ponga cualquier otro nombre, que no usen el de la Iniciativa Popular", señaló Santos, según reprodujo el portal ADN sur.

Mientras que el proyecto original proponía ampliar la vigente ley 5001 --que prohíbe la explotación minero con uso de cianuro)-- a partir de una consulta popular en todo el territorio provincial que decidiera si prohibir la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio), la norma votada suspende la actividad por cuatro meses, no prohíbe la actividad y reduce la consulta a nivel local, donde las empresas mineras ya están arraigadas hace años.

Por otra parte, la abogada de la UAC adelantó que también se analizan acciones legales con el diputado del PJ Gustavo Muñiz, quien admitió que el día del tratamiento recibió mensajes del gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi. Por este motivo, los legisladores chubutenses tendrán una reunión mañana para escuchar la réplica de Muñiz ante el cuerpo legislativo.