"Esta vez hemos hecho tres jornadas a pie a diferencia del año pasado que andamos durante 12 días", explicaba Juan Antonio Laso, un manifestante de 28 años, procedente de Extremadura, en el suroeste de España, una de las regiones más golpeadas por la crisis.

Las políticas de austeridad aplicadas desde la llegada al poder del conservador Partido Popular, a finales de 2011, con recortes de 150.000 millones de euros en gasto público -principalmente en sanidad, educación y ayudas sociales- habían provocado en 2012 un clima social muy tenso y masivas manifestaciones de protesta.

Después, sin embargo, la movilización se fue apagando. Hasta que el 22 de marzo de 2014 se celebraron por primera vez estas Marchas por la Dignidad, convocadas por plataformas sociales, sindicatos y pequeños partidos de izquierda, que reunieron en Madrid a decenas de miles de personas procedentes de todo el país.

Un año más tarde, nueve columnas procedentes de todas las regiones avanzaban bajo la lluvia hacia la céntrica plaza madrileña de Colón ondeando una marea de banderas republicanas, entre gritos de "Viva la lucha de la clase obrera" o "No nos mires, únete".

"Nos movilizamos por la situación de los jóvenes, porque en Extremadura es de hasta 60 por ciento el paro juvenil", afirmaba Laso, que perdió su trabajo en un diario regional hace dos años y desde entonces no encuentra empleo. "Estaba independizado y he tenido que volver a casa de mis padres", lamenta.

Junto a él, las pancartas pedían "Empleo digno", "Vivienda digna, para todos y todas" o "Servicios públicos y de calidad". "La crisis ha servido como una excusa para dejar la educación pública como meramente asistencial y dar los fondos a la educación privada", denunciaba Cecilia Salazar, profesora de Filosofía de 54 años que lleva 32 enseñando en Madrid.

En una España que desde el inicio de la crisis en 2008 vio a cientos de miles de familias perder su empleo y su vivienda, muchas personas asistieron indignadas al rescate europeo de 41.000 millones de euros a la banca española. Otros manifestantes denunciaban la reforma laboral, la educativa o el proyecto de imponer multas por celebrar protestas no autorizadas.