La resolución indica que hasta el 10 de septiembre las tropas "resguardarán locales públicos y brindarán una tarea de apoyo a la misión policial y no releva a ésta del orden interno (que) continúa a cargo de la Policía Nacional". Aunque, tras la represión de ayer, el alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, pidió a los jefes policiales que "prohíban a su personal actuar con la violencia con la que están intentando tomar el control de la carretera, esa no es la forma".

El conflicto lo sostienen centenares de operarios mineros que tomaron las calles e intentan bloquear la carretera de la ciudad que comunica con Lima para exigir al gobierno de Ollanta Humala que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situación financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.

Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que funciona de forma independiente de la estadounidense Doe Run Resources Corporation, opera en ciudad de los andes centrales, dentro de un complejo metalúrgico con una refinería de metales que ha generado serios problemas de contaminación ambiental a la ciudad y sus habitantes.

La Oroya, donde viven 30 mil habitantes, vive de la minería desde hace más de 100 años y es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo por los gases resultantes del refinado del metal. Según el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, el 30 por ciento de la población trabaja en operaciones mineras.

La intervención militar se produce en forma paralela a una reunión en Lima, entre el alcalde de La Oroya y dirigentes mineros de Doe Run Perú con autoridades peruanas para buscar una solución a la huelga.

El gobierno de Humala, un excomandante del ejército, ya ha recurrido al envío de tropas para intervenir en protestas sociales tal como ocurrió a fines de mayo con un paro de 48 horas, esa vez en contra un proyecto minero del Grupo México en el sur de Perú.