20:07 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos y el CELS enviaron una carta a José María Arancedo, titular de la entidad eclesiástica, para que haga pública la posición de la Iglesia frente a los juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, luego de que monseñor Jorge Casaretto los calificara como una "ecuación que no termina de funcionar" por ir "en contraposición con la verdad".
Los organismos de derechos humanos se refirieron a la exposición de Casaretto en un panel realizado en la Universidad Católica a mediados de mes, cuando señaló: "Tenemos que llegar a saber toda la verdad. No queremos de ninguna manera eliminar la justicia. El camino es memoria, verdad y justicia, pero parecería ser que hay una ecuación que no termina de funcionar, porque cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada".
La primera advertencia hacia Arancedo fue que las palabras del monseñor "intentan deslegitimar el proceso de memoria, verdad y justicia", a pesar de que el "proceso ha sido ratificado por los tres poderes del Estado", y resaltaron que las palabras de Casaretto "contradicen el derecho internacional, según el cual ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar".
Durante el panel en la UCA, el prelado también había señalado, según publicaron Infobae y La Nación, que "en Argentina privilegiamos la justicia, que por otra parte no es una justicia totalmente imparcial (…) Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad".
En el documento dirigido a los superiores del monseñor, con la firma de los titulares de cada organismo, se advirtió que "el derecho a la verdad es inseparable del derecho a la justicia y de ningún modo puede ser considerado como una alternativa". "Verdad y justicia no son opciones entre las que el Estado puede elegir. Son obligaciones que debe cumplir en conjunto", sentenciaron los organismos.
En el documento se recuerda que "la Iglesia es parte de este proceso de justicia, tanto porque se investiga la colaboración de sacerdotes con delitos de lesa humanidad como porque existen casos de sacerdotes que han sido víctimas de la represión". Y destaca "el compromiso asumido por el Papa Francisco" durante un encuentro con la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, e integrantes de FADERAP, respecto de "extender la apertura de archivos secretos de la Santa Sede".
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