“Muchas cosas van a estar incluidas en la emergencia de seguridad. Tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal penal, que tenemos que sacar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Estamos definiendo si lo hacemos antes de fin de año o en los primeros días de enero”, señaló Garavano en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación.

El titular de la cartera de Justicia consideró que la reforma del Código Procesal Penal fue un proyecto de ley que el kirchnerismo aprobó de forma “inconsulta”, a pesar de que fue sancionado por el Congreso. “Se trató de un proyecto que se sacó de forma inconsulta y mediante la aplicación de una mayoría automática, algo que generó críticas de todos los actores y expertos. Es unánime que no se puede aplicar. Fue un tema político para dominar a la Justicia”, remarcó el funcionario.

En cuanto a la situación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el ministro evaluó que el Ministerio Público Fiscal posee en la actualidad “facultades exorbitantes”. “El Ministerio Público Fiscal tiene facultades extraordinarias que no se corresponden con un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso”, aseveró.

En otro orden, Garavano afirmó que los nuevos jueces que el Ejecutivo (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) designó “en comisión” para cubrir vacantes en la Corte Suprema “jurarán en febrero”, y defendió el mecanismo que empleó el presidente Macri a la hora de impulsar estos nombramientos. Ya el bloque del Frente para la Victoria en el Senado anunció que no aprobará los pliegos de los jueces que juren antes de tener acuerdo de esa Cámara.

“La Corte manifestó la necesidad de que se integre el Tribunal y el decreto del Ejecutivo es un mecanismo previsto por la Constitución”, remarcó Garavano. Y en ese sentido, comentó: “Desde la Corte nos dijeron 'ahora no, juran en febrero'. No nos salteamos nada es un mecanismo constitucional y de forma paralela, se inició el proceso previsto en el decreto 222”.