La decisión responde a un pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que elevó las actuaciones al Consejo en el marco de la causa que tiene a Reynoso imputado por la posible comisión del delito de "asociación ilícita, cohecho y prevaricato". Además existí un expediente abierto a raíz de la denuncia de David Ramón Mazzutti, en la que le imputó a Reynoso atropellos e ilegalidades a sus derechos constitucionales al ordenar y hacer efectiva su detención, en 2014, sin requerimiento ni intervención del fiscal y sin ser anoticiado.

El Consejó aceptó el jury contra el juez salteño tras la nueva designación de autoridades en el organismo, sin la presencia de los consejeros de la oposición que no acordó con la autoconvotoria del oficialismo. Así, los siete consejeros presentes designaron como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento a los consejeros Luis María Cabral y Adriana Donato.

La causa más resonante contra Reynosos es la que lleva adelante el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar) Diego Iglesias, a partir de dos denuncias formuladas por una ex pareja de un narcotraficante y el abogado del foro salteño, David Leiva.

Esto derivó en una resolución de Bavio, que entiende en la causa, del 3 de noviembre, donde estimó que existen motivos suficientes para sospechar que Reynoso "ha participado en las conductas ilícitas objeto del proceso", por lo que ordenó allanar su juzgado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y lo citó a indagatoria.

En tanto, en el expediente abierto por la denuncia de David Ramón Mazzutti, se imputa al magistrado otras irregularidades en medidas investigativas, entre las que se encuentran haber ordenado un seguimiento sobre Mazzutti, vistas fotográficas y agregar al expediente notas suscriptas por empleados judiciales del tribunal.

Mazzutti precisó que el juez lo detuvo por una causa caratulada como "autores a establecer s/averiguación de delito", y que luego de haber interpuesto un hábeas corpus, el 29 de diciembre de 2014, dispuso recaratular con los delitos de "amenaza calificada, supuesto ejercicio ilegal de la abogacía y/o usurpación de títulos u honores y lesiones".

Tras reiterados pedidos de libertad, el juez se inhibió de seguir entendiendo en la causa, motivo por el cual continuó con su trámite el juez federal uno de Salta, Julio Bavio, quien declaró la nulidad de todo lo actuado y dispuso su inmediata libertad.