Garavano hizo el anuncio durante un brindis con periodistas que se celebró en la sede de la cartera de Justicia, en la calle Sarmiento al 300. De acuerdo a la agencia DyN, la publicación de esos decretos se concretará "antes del 10 de enero".

Además, el ministro de Justicia insistió en que deberían "dar un paso al costado" aquellos "protagonistas" judiciales que "quedaron muy comprometidos" políticamente: sin mencionar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la incluyó en este pedido e invitó a otros a sumarse. "Esperamos que muchos de los jueces, fiscales, procuradores que han tenido un protagonismo excesivo y que han sido muy cuestionados, y que quedaron muy comprometidos, den un paso al costado", ratificó.

El ministro ya le había anticipado a Gils Carbó la decisión de suspender la implementación del Código Procesal Penal, que estaba prevista para implementarse para el 1° de marzo de 2016 con un sistema acusatorio a cargo de los fiscales. "Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", señaló.

En tanto, Garavano confirmó las informaciones que habían adelantado el último fin de semana algunos medios en torno al pase de las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema.

Las escuchas dependían históricamente de la Dirección Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota", pero a mediados de año, con la reforma de la central de espías bajo el nombre de AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración: el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré.

"Se traspasarán todas las oficinas a la Corte. Debería ser un equipo técnico, muy aséptico, respetuoso de las garantías y que se ocupe de estas cuestiones", señaló Garavano tras precisar que le anticiparon la decisión al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Aclaró que Lorenzetti ya había manifestado su intención de que así fuera.