Durante una entrevista con la agencia oficial Télam y otros medios gráficos, el ministro detalló que tras el "primer mes de análisis de los 24 mil contratos" que vencieron el último día de 2015 (dispuesto por el decreto 254/15), "se cancelaron o no se renovaron 6124 contratos" de distintos organismos del Poder Ejecutivo -no contempla el Poder Legislativo-, mientras que aseguró que "no se puede decir que sean los últimos porque la revisión seguirá hasta marzo".

Casi un tercio de los contratos cancelados -todos temporarios- pertenecen a las carteras de Interior, que encabeza el ranking con 1342 despidos, y de Energía, que le sigue con 942. En la Jefatura de Gabinete hubo 578 despidos, mientras que en Justicia fueron 524, y Cultura 500.

Ibarra justificó las cifras afirmando que se trataba de "personas que no aparecían en el lugar de trabajo, personas que hacían una tarea política concreta y no de servicio público, y por duplicación de tarea".

Consultado por las denuncias de excontratados que aseguran haber estado trabajando, Ibarra remarcó que "se le pidió especialmente a los gremios ATE y UPCN que informen las situaciones que puedan ser injustas para ser revisadas", y dijo que hasta ahora "no hubo ningún juicio, sólo un recurso de amparo" por parte de los despedidos y que la responsabilidad política de la finalización de los contratos "es de cada ministro, no de Modernización".

"Encontramos 130 casos de gente sin tarea asignada en la Secretaría de Comercio, y en el Instituto Malbrán había 200 casos de personas que nunca ficharon y eran militantes de organizaciones sociales", agregó.

En la misma línea que su colega de gabinete, Alfonso Prat Gay, el ministro e Modernización sostuvo que "la idea es blanquear las estructuras de servicios. Cuando los gremios cuestionan la precariedad laboral, se trata de este tipo de convenios o modalidades, que no están precisamente definidos".

Más adelante afirmó que "gradualmente" la meta del Gobierno es "llevar a planta permanente a todos los empleados, que las contrataciones temporales sean muchas menos, y que los contratos que sean temporarios lo sean sólo porque el servicio es circunstancial o porque son de la política, como plantas de gabinete".

Por otro lado, advirtió que "no se van a permitir nuevas contrataciones de personal a partir del 1 de marzo sin autorización específica del Ministerio de Modernización", y que el Ejecutivo pedirá una auditoría de las liquidaciones de haberes del personal ocurridas entre octubre y diciembre del año pasado. También anticipó que firmará "resoluciones administrativas" para "congelar las vacantes y que no se creen nuevos cargos" en el Estado, y que se revisarán 11 mil concursos públicos ya realizados, "para analizar no sólo la vacante creada sino el procedimiento y forma del concurso".

En cuanto a la plantilla de todo el Estado, Ibarra informó que los datos del tercer trimestre de 2015 indican que hay 342.000 empleados de planta permanente, 64.000 contratados temporalmente y 37.000 en organismos descentralizados y empresas estatales. "Si se suman las universidades nacionales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, la cifra llega a 700.000 empleados".

Además anticipó que el Plan de Modernización que anunciará en los próximos días se propone "construir un Estado fuerte, solidario e innovador, que no sea una caja boba de la política mal entendida", y contempla la creación del expediente electrónico -siguiendo el modelo de la Ciudad-, que debería estar implementado en toda la administración pública a mediados del año que viene.