Aunque los fondos especulativos más agresivos, NML Capital y Aurelius, mantienen el rechazo a la oferta de la Argentina, que contempla el pago del 65 por ciento de los montos demandados, el país ya alcanzó acuerdos con tres de los grupos acreedores, por una cifra de 1200 millones de dólares.

La decisión de Griesa traslada la responsabilidad a la Argentina y en especial al Congreso de la Nación, que deberá abocarse a tratar el pedido del magistrado de derogar dos leyes que fueron íconos de la discusión por la reestructuración de la deuda.

El jueves 11 de febrero la Argentina le había solicitado a Griesa que dejara sin efecto sus propias órdenes de no pagar. El juez dio curso al pedido y le pidió a los holdouts que fundamentaran su oposición a la medida, ante lo cual la Argentina defendió su requerimiento, argumentando que solicitaba el stay para volver a los mercados de capitales.