El abogado del querellante Daniel Leonardo, excuñado de Mauricio Macri, le pidió a la Cámara Federal porteña que envíe a juicio oral al presidente en la causa por "escuchas ilegales". Fue durante una audiencia ante los jueces de la Sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes deben resolver si confirman o no el sobreseimiento de Macri que firmó el juez Sebastián Casanello a fines de diciembre.

"¿Quién organizó esta trama? ¿Quién tenía la capacidad intelectual para organizarlo? Queremos ir a un debate para que el pueblo vea que se puede enjuiciar a un Presidente. Es muy difícil, la presión es mucha, pero estoy convencido por las pruebas y por los dichos de (el ex fiscal de la UFI AMIA Alberto) Nisman que Mauricio Macri conformó una asociación ilícita", sostuvo el abogado Luis Conde, representante de Leonardo.

El querellante aseguró que "el único conector" en esta causa "es Mauricio Macri" y "si no tenemos este hilo conductor, se tienen que ir todos los demás", tras recordar el tiro que recibió Leonardo tras declarar en esta causa, en un supuesto intento de robo, y que, a su criterio, "no fue casualidad".

Conde aseguró que la familia Macri buscó espiar a Leonardo cuando se le detectó un cáncer de huesos a Sandra Macri y "todos pensaron que se moría y se agigantaron las necesidades de poder y realizaron las pinchaduras a Daniel" para "desheredarlo".

En la audiencia -que presenció DyN- también estuvieron los abogados de Macri, Alejandro Pérez Chada y Ricardo Rosental, quienes -además de presentar un escrito pidiendo que se ratifique el sobreseimiento- resaltaron que "no hay ni una sola prueba" que comprometa al titular del Ejecutivo en esta investigación.

El caso conocido comenzó en 2010, con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, de un grupo de víctimas de la AMIA, cuando una persona anónima avisó que le estaban "pinchando" el teléfono y que el responsable era Jorge "Fino" Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana y acusado en la causa del encubrimiento de la AMIA.

Por impulso de Nisman, el juez Norberto Oyarbide abrió una investigación y el 15 de mayo de 2010 procesó a Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, por "violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita".

También fueron procesados dos jueces de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo —acusados de otorgar los permisos legales para intervenir las llamadas— el "Fino" Palacios, el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, y el espía Ciro James, contratado como asesor por el ministerio. En la causa fue sobreseído el entonces ministro de Seguridad y hoy embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.

La Cámara Federal confirmó por unanimidad esos procesamientos y el caso fue derivado al juez Sebastián Casanello que decidió elevar el caso a juicio oral con todos los involucrados, salvo Macri, sobre quien pidió más pruebas. Cuando Macri ganó las elecciones, sus defensores insistieron en su sobreseimiento. El fiscal Jorge Di Lello estuvo de acuerdo y el juez Casanello coincidió en "la ausencia de prueba de cargo".