Militantates, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos de a pie salieron a las calles en 55 ciudades brasileñas para dar su respaldo a la presidenta Dilma Rousseff, sobre quien la Cámara de Diputados reabrió la comisión de juicio políitco, y para denunciar "el golpe judicial" personificado en la figura del juez de San Pablo Sergio Moro, quien detuvo a Lula para forzar su declaración hace dos semanas e hizo pública una escucha telefónica entre él y Dilma pocos días atrás.

Ante una Avenida Paulista, la más importante del polo de poder económico de Brasil, vestida de rojo, para contrarestar las movilizaciones realizadas el domingo por la oposición, Lula aseguró que no permitirá que "haya un golpe de Estado" y señaló que aceptó el cargo en el gobierno para "ayudar a la presidenta, porque necesitamos restablecer la paz y la esperanza".

El expresidente cargó contra los medios al sostener que "hay gente que nos llama violentos y pasa las 24 horas por día generando violencia contra nosotros". "Tenemos por delante dos años y seis meses del gobierno de Dilma para cambiar al país", arengó Lula, quien comentó que el martes, si no existe medida cautelar, se pondrá a trabajar en el Palacio del Planalto, sede del gobierno.

"Espero que esto sirva de lección para aquellos que desconfían de nosotros, que nos tratan como ciudadanos de segunda clase; la democracia no es un derecho muerto, no quiero que quien vote por (el socialdemócrata) Aécio Neves guste de mí, quiero que se conviva en forma civilizada", reclamó ante la multitud.

"Brasil está sufriendo un golpe del poder judicial ayudado por algunos medios para sacar a Dilma del poder, con un juicio político a cualquier costo por parte de la dirigencia más corrupta que comanda la Cámara de Diputados", afirmó Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la más grande de Latinoamérica, brazo sindical del Partido de los Trabajadores (PT) y convocante del acto del "Frente Popular contra el Golpe".

Freitas abonó la misma línea que la presidenta Rousseff sobre el juez Moro, quien investiga el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, "propicia la disolución nacional" al haber hecho y divulgado espionaje telefónico a la presidenta Rousseff sin autorización del Supremo Tribunal Federal.

"La presidenta fue víctima de un juez que pone en riesgo la credibilidad del poder judicial", afirmó Freitas sobre la conmoción causada en el país por la revelación telefónica hecha por Moro, que fue interpretada por la oposición como que la asunción como ministro buscaba protegerlo de la investigación de primera instancia.

"No vai ter golpe" (no habrá golpe) fue la principal protesta de los manifestantes de movimientos sociales, sindicales y partidos de izquierda, que también ubicaron como "golpista" a la cadena televisiva Globo, que hace dos años reconoció en un editorial que se equivocó al haber apoyado el golpe militar del 31 de marzo de 1964.