El fiscal federal Federico Delgado decidió impulsar la acción penal contra el presidente Mauricio macri por presunta "omisión maliciosa" en su Declaración Jurada a raíz de la revelación de que participó en dos empresas offshore en Panamá y las islas Bahamas. La resolución quedó ahora en manos del juez Sebastián Casanello, a quien el fiscal le requirió una serie de medidas de prueba, al tiempo que planteó que se investigue si se pueden haber cometido otros delitos. Ayer el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez presentó una denuncia contra el mandatario por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

“En este caso habrá que determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, sostuvo Delgado en el requerimiento que fue girado a Casanello. En declaraciones a Radio Continental, el fiscal explicó que "a efectos de llevar adelante la pesquisa, la fiscalía sugiere que se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos", en referencia a la investigación Panamá Papers difundida el domingo pasado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).

Delgado remarcó que se deberá requerir "a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri" y solicitar al titular del organismo, Alberto Abad, "un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore". "Como primer paso hay que chequear si Macri, con intención y voluntad, omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante", indicó.

Como parte de la filtración internacional conocida como Panama Papers, en la que intervinieron más de 300 periodistas de todo el mundo, se conoció que Macri era vicepresidente de la empresa Fleg Trading, cuyo presidente era Franco Macri. La información provino de los documentos internos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca, a quien se vincula a la creación de sociedades offshore para ocultar patrimonios y otros posibles delitos. La creación se trianguló, además, con un estudio de contadores uruguayos. Tanto el Presidente como su padre sostuvieron que la empresa era para hacer inversiones en Brasil. También aseguraron que nunca fue utilizada en los diez años que existió (la cerraron, dijeron, en enero de 2009).

El Gobierno filtró parte de la declaración jurada a la AFIP de Franco Macri, pero los documentos no probaron que el Presidente no fuera accionista, que no existieron operaciones a través de esa empresa, que no tenía una cuenta asociada ni tampoco que haya sido cerrada. De todas formas, insistieron en que Macri no recibió ni un peso y que por eso no era necesario que lo asentara en sus declaraciones juradas.

La segunda empresa de la que Macri participó (o participa) es Kagemusha, radicada en Panamá. En este caso, el mandatario también figura como vicepresidente, según consta en el Registro Público de Panamá. Sobre esta segunda compañía el Gobierno no ofreció ninguna explicación.