En un acto de sinceramiento brutal y poco habitual en el gobierno de Cambiemos el Presidente dijo esta semana que “estamos en una etapa en la cual hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, que hace un enorme esfuerzo”. Pero a renglón seguido y para no perder la línea comunicacional de negación de lo evidente, Macri aseguró que “estamos haciendo lo correcto en esta etapa de sinceramiento, de generar nueva confianza y nueva previsibilidad en el mundo”.

Pareciera, en consecuencia, que muchos de los argentinos afectados por las decisiones políticas y económicas del actual gobierno no están incluidos dentro del target preferido por Cambiemos para “generar nueva confianza y nueva previsibilidad”. O como parece innegable, el “mundo” elegido transcurre al margen de la vida cotidiana de aquellos a los que les “cuesta llegar a fin de mes” o directamente está fuera de las fronteras del país (como ha sido el caso de los fondos buitres).

Quien viaja hacia fin de mes con el desamparo del desempleo, con un salario deteriorado por la inflación y sin políticas sociales que contribuyan a amortiguar los impactos negativos de una política económica que castiga “transitoriamente” mientras promete paraísos en un futuro tan incierto como previsiblemente lejano, lo hace en un clima inevitable de angustia que hoy quedará reflejada también en la masiva concentración que se reunirá en torno al monumento al trabajo. La zozobra y la preocupación existentes entre los asalariados sirvió de argumento más que suficiente para que los dirigentes sindicales tomaran debida nota de la necesidad de la unidad de acción de las centrales obreras sin que ello signifique, de ninguna manera, que han desaparecido las diferencias preexistentes. Las distintas miradas quedarán expresadas en los discursos paralelos de los referentes de cada una de las organizaciones que si bien pudieron acordar una lista de reclamos que fundamentan la convocatoria a la movilización, esconden debajo diferencias en el contenido de las demandas, en la prioridad de las mismas y en la metodología de la lucha. Pero hasta los más cercanos al gobierno que son los mismos que hasta hace nada reclamaban primero por el impuesto a las ganancias que por los despidos tuvieron que admitir ahora que solo la presión de la gente en la calle puede limitar la voracidad demostrada por el gobierno de los gerentes de empresas.

La convergencia sindical es también un mensaje para la dirigencia del colaboracionismo político opositor obligada a poner barbas en remojo y acordar proyectos legislativos destinados, por lo menos, a acotar la ola de despidos que CAME ubica en 120 mil en el sector privado y los gremios estatales en 25 mil, aunque el ministro Jorge Triaca diga que “no se trata de una crisis generalizada”, sino apenas de “situaciones de tensión” a las que el gobierno responde con “un nivel de contención muy grande” y “cuidado del trabajo”.

Mientras tanto, la cadena oficial de medios privados minimiza estos temas, en alianza con el partido judicial construye cortinas de humo sobre lo sucedido en Costa Salguero y monta show mediáticos con allanamientos a punta de palas mecánicas en el sur. O bien tergiversa la información como se hizo la semana anterior con las noticias sobre el conflicto bancario. Se anunció el levantamiento de la medida de fuerza, pero casi nadie dijo que junto a la recomposición salarial los trabajadores bancarios alcanzaron una victoria igualmente importante: la reincorporación de los despedidos del sector. Lo que es una buena noticia para los asalariados no lo es para la política oficial que impulsa los despidos.

En una gestión de gobierno que pretenda la contención y el cuidado señalado por el Ministro de Trabajo, las políticas sociales son una herramienta imprescindible y un instrumento fundamental de gobernabilidad en democracia. Cambiemos está desatendiendo esta materia y corriendo el riesgo de precipitar consecuencias peligrosas e imprevisibles.

Durante la campaña electoral Macri aseguró que no habría marchas atrás con los planes sociales y a quienes decían lo contrario se los consideró partícipes de la “campaña del miedo contra Cambiemos. Ahora, en el ejercicio del gobierno, el macrismo eligió no anunciar la derogación de ninguna política social, sino ir por la vía de los hechos: despide personal encargado de la gestión de esas políticas, vacía programas o les quita recursos. No hay anuncios pero hay hechos.

Mientras desde el Ejecutivo se toman medidas que desfinancian el Estado, el presupuesto vigente se encuentra subejecutado en muchas de sus partidas. A modo de ejemplo y de acuerdo a un informe elaborado por el diario La Nación, el programa “Techo digno”, destinado al desarrollo de la infraestructura habitacional, durante el primer trimestre del año ejecutó partidas por 509,68 millones de pesos, sobre un total de 12.484,26 millones, lo que equivale al 4% de lo previsto. Uno de los mayores reclamos que recibe hoy el gobierno tiene que ver con la paralización de la obra pública, importante fuente de empleo. De enero a marzo el gobierno ejecutó aproximadamente el 4,5 por ciento del total de 4516 millones de pesos previstos para este fin. Los funcionarios sostienen que “estamos acomodando las cuentas” y “emprolijando las contrataciones” y prometen que próximamente habrá reactivación en esta materia.

En el Ministerio de Desarrollo Social, uno de los principales canales por el que deben circular las políticas sociales destinadas a los sectores más pobres, gran parte de los programas se encuentran paralizados o desfinanciados. Muchos de los empleados que allí trabajan se cruzan de brazos a la espera de que les asignen tareas, mientras abrigan el temor de ser considerados “ñoquis”. En esa misma cartera se ha tomado la decisión de desligarse de algunos programas transfiriendo fondos a las provincias sin control del gobierno nacional y como parte de las concesiones a los gobernadores para mantenerlos a raya políticamente. La suerte de tales programas está totalmente en duda.

Para lo que se ejecuta una de las prioridades es orientar los fondos directamente a las personas, evitando la mediación de las organizaciones. Propósito múltiple: “fidelizar la clientela”, evitar las organizaciones que no son afines al gobierno y debilitar los espacios asociativos que siempre pueden ser un ámbito de empoderamiento político de los pobres.

A nivel ideológico hay una orden terminante de eliminar la palabra “derechos” de todas las prestaciones del Estado en materia social. Se trata de “ayudas”, “subsidios” o “contribuciones”. Los derechos son de los ciudadanos y es una obligación del Estado garantizarlos. Las ayudas son resultado de la “generosidad” de quienes deciden otorgarlas.

Así, tal como lo dice el Presidente, “cuesta llegar a fin de mes”.