Según los cálculos iniciales que hizo el fiscal Guillermo Marijuán, todas las propiedades detectadas de Lázaro Báez en la ciudad de Río Gallegos equivalen en su superficie a un total de doce manzanas. Ayer explicó que su teoría es que los 150 inmuebles del empresario y su familia detectados en toda la provincia de Santa Cruz que hasta ahora no se conocían habrían sido adquiridos con “el sobreprecio de la obra pública” canalizado a través de la empresa Austral Construcciones. El juez Sebastián Casanello dijo que para poder avanzar en la causa, en la que Báez ya está procesado y preso por lavado de dinero, hacen falta “pruebas” concretas y no alcanza con lo que pueda declarar un arrepentido, como Leonardo Fariña. De acuerdo a esta premisa, deslizó que no es posible satisfacer “la demanda gigante de velocidad y resultados inmediatos” que exigen los medios de comunicación.

Los allanamientos ayer se concentraron en El Calafate, donde el fiscal fue tras más de treinta propiedades de Báez. Uno de los primeros lugares inspeccionados fue la inmobiliaria Bahía, de Carlos Franchi, señalado como socio de Báez en la constructora Badial. La Policía Federal y la Prefectura hicieron un procedimiento en una casa de dos pisos que está sobre la costanera, tiene cinco habitaciones y quincho. Es una casa que, al parecer, no tuvo mucho movimiento en los últimos tiempos. Se allanaron también un terreno y hasta una gomería que estaría vinculada con Báez. Hubo, por ejemplo, medición de lotes en el Barrio Salesiano. Hacia la noche, todo indicaba que se habían llegado a cumplir la mitad de las inspecciones en Calafate.

Uno de los objetivos primordiales de los allanamientos, que es la tasación de todas las propiedades que se encuentren, demandará más tiempo. La valuación es para, en un futuro, poder recuperar los activos o el equivalente a su valor afectados por presuntas maniobras de corrupción.

En Río Gallegos continuaron también algunos procedimientos, incluso la excavación en las estancias Cruz Aike y La Julia en busca de dinero enterrado, aunque el propio fiscal Marijuán ya dijo que no cree que vaya a encontrar mucho dinero en efectivo, y más difícilmente bajo la tierra. Lo que hizo el fiscal, en función de los allanamientos sólo en la ciudad de Río Gallegos, fue un cálculo de lo que representa la superficie total de las propiedades de Báez, y ahí llegó a la conclusión de que equivalen a doce hectáreas o doce manzanas.

Marijuán dijo que Austral Construcciones encabeza el grupo empresario de Báez y que “es posible que luego de poner en las facturas cifras falsas para cubrir sobreprecios, se hayan encontrado con millones de pesos en su poder que utilizaron para realizar maniobras de lavado, como llevar dinero al exterior, comprar inmuebles en cantidad o construir cascos de estancias muy costosos y llamativos”. Las maniobras con facturas falsas fueron señaladas por el juez Casanello como un posible fraude fiscal, cuando procesó a Báez, su hijo Martín, y el contador Daniel Pérez Gadín, también preso, y su hijo Sebastián. Es el “ilícito precedente” que le permite suponer que hubo lavado de dinero posterior.

Para Marijuán el hallazgo de propiedades es clave. La Cámara Federal también le señaló a Casanello que debe rastrear el envío de dinero a cuentas en otros países.

Casanello insistió ayer en la importancia de las pruebas. “Uno entiende que hay una demanda gigante de velocidad y resultados inmediatos y no hay persona más interesada que nosotros, pero en los procesos judiciales hay que respetar las reglas y encontrar pruebas. Si no hay pruebas, no se puede avanzar”. Dio un ejemplo: “Si en una causa de narcotráfico dos personas se presentan como arrepentidos que trasladaron bolsos con estupefacientes, si no aparecen esos estupefacientes no se puede avanzar mucho”.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo un allanamiento también, que hizo la Policía Metropolitana, a un departamento de Martín Báez. En Uruguay, fue allanado el campo El Entrevero, de 152 hectáreas, que tiene Báez entre Punta del Este y José Ignacio. Está embargado por la Justicia de ese país en otra causa por lavado contra el empresario.