El jueves 12, Dilma Rousseff fue suspendida como presidente del Brasil y el fiscal Carlos Rívolo imputó por cohecho a la ex presidente argentina CFK. Al día siguiente, el juez Claudio Bonadio procesó a Cristina y a su ex ministro de Economía Axel Kicillof por una operatoria legítima de política económica adoptada por el Banco Central para mantener bajo control el tipo de cambio, que el gobierno de Maurizio Macrì devaluó a pocos días de suceder a CFK, con grandes ganancias para miembros de su familia y de su gabinete. Las políticas socioeconómicas que anuncia el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo de Brasil, Michel Temer, son las mismas que aquí está imponiendo Macrì, cuyo ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay, celebró que el PT perdiera el gobierno de Brasil, porque así será posible subordinar el Mercosur al acuerdo con la Unión Europea y el ingreso de ambos países a la Alianza Transpacífica que impulsa Estados Unidos, tal como Macrì conversó con Barack Obama en marzo. Como desmentida de que gobierne para los ricos, a Macrì no se le ocurrió nada mejor que rodearse de un centenar de poderosos empresarios. Les dio a firmar un documento elogioso de su gobierno y crítico del proyecto que prohíbe los despidos por seis meses, sancionado por el Senado y que la Cámara de Diputados podrá convertir en ley esta semana. Sin inmutarse pusieron la firma pero no esperaron ni una semana para proseguir con los despidos. Frente al ministerio de Educación, el jueves se produjo la cuarta gran movilización en un mes y medio contra las políticas oficiales. Si Macrì cumple su promesa de vetar la ley contra los despidos, además podría producirse el primer paro general.

Ya hace 30 años, el mismo día de diciembre de 1986 en que el Congreso argentino votó la ley de punto final, el de Uruguay sancionó su equivalente, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La voluntad estadounidense de entonces para terminar la persecución penal a los autores militares de los crímenes de ambas dictaduras está tan bien documentada como las gestiones del entonces presidente Raúl Alfonsín ante su colega oriental Julio María Sanguinetti y ante el hijo del líder opositor Wilson Ferreyra Aldunate, a quien le transmitió un mensaje recibido de la embajada norteamericana, sobre un 50 por ciento de probabilidad de golpe de Estado si no se detenían los juicios.

La coordinación entre los procesos de destitución y hostigamiento de Dilma, Lula y Cristina sólo puede afirmarse hasta ahora por la constatación de su simultaneidad, el contexto internacional y la simpatía de los mismos actores, nacionales e internacionales. Del apoyo externo a la desestabilización en la Argentina se conoce hasta la confesión de uno de los blogueros que viajaron a Brasil para recibir financiamiento de los fondos buitre. Lo único transparente de esta historia es el intento de sacar de circulación a los líderes populares capaces de unificar a los distintos sectores descontentos para revertir las políticas neoliberales, Lula en Brasil, CFK en la Argentina.

El combustible y la máquina

En los dos países, el combustible que alimentó la máquina destituyente fueron las denuncias de fraudes contra la administración pública. El vehículo de su divulgación fue una prensa gráfica y audiovisual al mismo tiempo parte y articuladora de los intereses económicos afectados por los respectivos gobiernos populistas, y el mecanismo de conversión de esas denuncias en hechos políticos, un Poder Judicial extralimitado, presidido por dos ambiciosos de vanidad insondable y un afán de protagonismo excitado por aquellos medios. Los desenlaces fueron distintos: Joaquim Barbosa dejó en 2014 la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y hoy desde el llano objeta el impeachment de Dilma, mientras Ricardo Lorenzetti sigue creyendo que su oportunidad se aproxima, para lo cual luego de acabar con CFK, la vindicta judicial debería dirigirse a Macrì. Con una economía en recesión profunda durante dos años, Dilma fue suspendida y sólo una contundente respuesta popular podría impedir su destitución dentro de seis meses; Cristina terminó su mandato y dejó un país con moderado crecimiento, la menor desocupación en un cuarto de siglo, la inflación elevada pero en descenso y el endeudamiento en divisas con acreedores privados más bajo en dos siglos de historia argentina, medido en proporción al Producto Interno Bruto. Dilma ganó la reelección pero al inclinarse por las políticas de ajuste que había impugnado en campaña y al alejarse de Lula, precipitó una crisis política que no logró revertir ni siquiera con la enmienda de aquel rumbo equivocado, que llegó tarde. CFK no pudo postular a una nueva reelección porque la Constitución permite un máximo de dos mandatos consecutivos y aún así el candidato de su frente político fue vencido en el balotaje por un estrecho margen de dos puntos porcentuales. La demolición de su liderazgo en la Argentina y del de Lula en Brasil es la ocupación principal de los respectivos gobiernos y, aquí, de sectores dirigentes de su propia fuerza, que la perciben como el mayor obstáculo para sus aspiraciones de sucederla. Ambas presidentes cometieron errores que facilitaron la tarea de sus adversarios y/o enemigos, pero ése es el dato menos relevante del panorama actual, porque no fueron esas falencias la razón de la inquina en los sectores tradicionales del poder político y económico, sino las transformaciones políticas, sociales y de alianzas internacionales que ambos gobiernos impulsaron.

Durante las 24 horas del día las propaladoras mediáticas de los dos países instalaron la idea de sistemas carcomidos por una corrupción generalizada, que terminó por asociarse con el propio sistema democrático. Con todos sus defectos, la política es el único escudo con que los sectores populares pueden cubrirse de las embestidas de los poderes fácticos. Su deslegitimación constituye así un objetivo estratégico de esos sectores. La misma operación derivó durante el siglo anterior en una sucesión de golpes militares que desplazaron a los gobernantes electos Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Getulio Vargas, Arturo Frondizi, Janio Cuadros, Joao Goulart, Isabel Martínez de Perón. En Brasil aportan leños a la hoguera las iglesias evangélicas, que tienen fuerte representación tanto en los medios audiovisuales como en el Congreso; en la Argentina, el Episcopado Católico, presidido por José María Toté Arancedo, primo hermano del ex presidente Raúl Alfonsín. El mayor de sus hermanos, Ricardo Perucho Arancedo, se encargó de la sociedad familiar Arancedo Hermanos, que está entre los principales consignatarios de hacienda del país. Dos hermanas del prelado, Marilina y María Amalia Arancedo, se casaron también con fuertes ganaderos y el primo Roberto Arancedo preside el Mercado de Liniers desde hace casi un cuarto de siglo. La insustancial declaración que Arancedo firmó por el Bicentenario plantea la corrupción de los políticos como un asunto de la mayor gravedad, con citas expresivas de su antecesor en el cargo, Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, quien la menciona como “llaga putrefacta”. En la conferencia de prensa en la que se entregó el documento, Arancedo dio su pueril explicación de los males sociales: “Cuando alguien se queda con un vuelto, eso significa pobreza, pobres que sufren”. El documento también reivindica a la justicia y reclama su independencia, lo cual anticipa el respaldo que recibirá Lorenzetti en el Vaticano como jefe del partido judicial, cuando viaje el mes próximo. Algunos de los columnistas más cotizados de la televisión argentina reclaman a los alaridos la detención de la ex presidente CFK, aunque hasta ahora no se le ha probado ningún acto ilegal. En el caso de Dilma, ni siquiera hay presunciones y denuncias. Hasta aquellos políticos opositores que votaron a favor del juicio político se abstuvieron de formularle cargos por cualquier desvío de fondos públicos en beneficio propio y sólo la acusaron por la reasignación de partidas del presupuesto, algo que hicieron todos los gobernantes que la precedieron y que es práctica generalizada en el mundo, como flexibilidad imprescindible para el funcionamiento de administraciones complejas, en las que no es posible prever todas las variables en forma rígida. Otra similitud entre ambos procesos nacionales es que quienes pretenden encarnar la virtud ante gobernantes viciosos tienen a su vez denuncias por delitos tanto o más graves y alguno como Eduardo Cunha, fue separado de la presidencia de la Cámara de Diputados brasileña una vez que se confirmó su procesamiento por lavado de dinero con cuentas no declaradas en el exterior.

Hablemos de corrupción

Varios jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron sometidos a juicio político la década pasada por haber obstruido que se investigara un contrabando de automóviles por el que había sido procesado el actual presidente Macrì, utilizando como instrumento una compañía offshore radicada en el Uruguay. Hoy Macrì está bajo examen judicial por otras compañías offshore, aquellas que aparecieron en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación bajo la denominación genérica de Panama Papers. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger está procesado por su participación en el ruinoso Megacanje de 2001, que incrementó la deuda externa en decenas de miles de millones de dólares. Macrì comparte el honor de los Panama Papers con el primer ministro británico David Cameron y ambos han derivado la responsabilidad hacia sus respectivos padres. Para el argentino es un poco más difícil, porque su progenitor vive y sigue con la sangre en el ojo por el modo en que hijos y sobrinos lo despojaron del holding familiar. El carterista que para desviar a la multitud que lo persigue huye gritando “Al ladrón, al ladrón” es un clásico del humor gráfico. Cameron tuvo la audacia de convocar a una cumbre mundial contra la corrupción, en la que la canciller argentina Susana Malcorra representó a Macrì. Desde hace años, el economista argentino Jorge Gaggero señala a las guaridas fiscales como el elemento clave en la fuga de capitales, que en muy pequeña medida involucra a los gobiernos. Las transferencias netas de recursos financieros desde los países pobres y medios hacia los más ricos crecieron de 46.000 millones de dólares anuales en 1995 a un estimado de no menos de un billón (en la nomenclatura argentina, es decir un millón de millones) en 2010, que se van en “pagos masivos de deuda, los desequilibrios comerciales, la fuga de capitales y la acumulación de activos externos en divisas fuertes”. Ocho de las diez guaridas más opacas e importantes están en América del Norte o Europa. La primera, en los Estados Unidos (el estado de Delaware), la segunda y la tercera son europeas continentales (Luxemburgo y Suiza), la cuarta caribeña (las Islas Caiman) y la quinta inglesa (la City de Londres). Gaggero incluye un cuadro basado en los datos de Raymond Baker (“El talón de Aquiles del capitalismo”, de 2005): el 64,3 por ciento de los flujos ilícitos globales correspondía a transacciones comerciales; el 30,6 por ciento a actividades delictivas y el 5,1 a corrupción gubernamental. Con ocasión de la cumbre convocada por Cameron en homenaje a su difunto padre, los principales periódicos financieros del mundo y el más importante diario independiente inglés, publicaron sendas investigaciones sobre los aspectos más oscuros del sistema financiero internacional. La del Financial Times se titula “Dinero negro, el secreto sucio de Londres” y describe a la City como “centro global de las finanzas ilícitas” y un agujero negro para el lavado de dinero y la evasión fiscal. En el mismo artículo, Alex Cobham, investigador principal de la organización de la que forma parte Gaggero, Tax Justice Network, dice que la red británica secreta es la más grande del mundo y que los bancos británicos y sus subsidiarias siguen lavando cada año “centenares de miles de millones de dólares de dinero de origen delictivo”. En The Guardian, el columnista Simon Jenkins afirma que “la esencia de un estado corrupto es el capitalismo de amigos”, que consta de “sobornos, arreglo de licitaciones, evasión fiscal y abuso del poder político para procurar ganancias personales o empresariales”. Sobre ese mismo concepto, The Economist compone un ranking mundial titulado “Capitalismo de amigos en el mundo”, en el que Gran Bretaña cumple un rol descollante. El periódico estima que un tercio de la inversión extranjera global se canaliza a través de guaridas financieras, en su mayoría británicas, e ironiza que convocar en Londres una conferencia contra la corrupción evoca la elección de Libia para presidir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003. Al referirse a los enclaves de Jersey, Gibraltar, Bermuda y las Islas Vírgenes, afirma que Cameron debería decirles que pueden independizarse y federarse con Panamá si lo desean, pero de otro modo “debería cesar su hospitalidad con quienes roban a los contribuyentes de todo el mundo”.

Las guaridas británicas se establecieron “como forma económica de mantener colonias sin necesidad de subsidiarlas. Ahora constituyen una masiva desviación de recursos globales, para evitar el pago de impuestos a los estados soberanos”. La publicación estima que esos escondrijos impositivos albergan unos 20.000 a 30.000 billones de dólares, es decir 20.000 a 30.000 millones de millones (trillion en inglés).

The Economist afirma que las empresas de alta interacción con el Estado son vulnerables al capitalismo de amigos, y entre ellas enumera casinos, contratos de defensa, bancos, obras de infraestructura y tuberías, puertos y aeropuertos, construcción y negocios inmobiliarios, acero, minería, commodities, telecomunicaciones. En términos argentinos esta definición incluiría, entre otros, a Lázaro Báez, Cristóbal López, Angelo Calcaterra y Nicky Caputo, pero también a Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, los hermanos Bulgheroni y la propia famiglia Macrì. Este es el problema estructural que ninguna fuerza política significativa parece interesada en plantear, porque las discusiones sobre el tema sólo procuran el escándalo que tan fácil se suscita como se olvida y la utilización como arma arrojadiza contra los adversarios políticos. La Argentina no es una excepción. Para la Tax Justice Network, pese a toda la retórica de la cumbre, el gobierno británico no exigió a sus territorios de ultramar y posesiones de la corona que se ajusten a las normas de transparencia que se les exigen a Nigeria, Afganistán o Kenya. Otro tanto puede decirse de Estados Unidos, el único centro financiero internacional que rehusó comprometerse como lo hicieron 101 países, al intercambio automático de información. “Que no se vuelva a hablar de la corrupción como un problema de los países en desarrollo”, concluye la Tax Justice Network.