Las patronales y Macri, un compromiso vacío. Los sindicalistas, convidados de piedra. El Consejo del Salario, con cuchillo bajo el poncho. La protesta de los universitarios, otra marcha masiva. El oficialismo consigue la unidad de sus opositores. La asfixia presupuestaria como política educativa. Bonadio, un fallo a pedir del Gobierno.

¿Quién piensa que el presidente Mauricio Macri gobierna para los ricos? Para empezar, los muy ricos. La escenografía del Salón Blanco de la Casa Rosada el lunes fue sintomática.

La flor y nata de las patronales puso el cuerpo para firmar un compromiso chirle y aplaudir el lacónico discurso presidencial. Si las elecciones se ganaran con mayoría de capitales, Macri tendría asegurado un futuro venturoso.

Se los convocó a las apuradas, se les pidió un gesto mínimo. Así y todo hubo resistencias de empresarios “que no despiden” y que rehusaban firmar la promesa de privarse de lo que no hacen… perdón por el trabalenguas: no es toda culpa del cronista. Se persuadió a los remolones: se trataba de un gesto sin sustancia. Los despedidores seriales, por su parte, corcovearon. Se los persuadió, era sencillo. No habrá pena alguna si violan la palabra empeñada: no reducir los planteles de trabajadores durante un trimestre. Tan es así, que ya están echando gente, con la tinta de la firma fresca.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció que para los burladores solo habría “sanción social”. La elocuencia no es su fuerte y le cuesta hasta sonreír. Cuando le preguntaron si el Estado firmaría un compromiso similar respondió que era una idea interesante. En fin.

Un vistazo sobre la concurrencia y sobre el elenco gubernamental mostraba una aplastante mayoría de varones, millonarios en dólares. Machista la derecha real existente.

El Gobierno se movió para promover la jornada. Dejó afuera al Estado que no debe entrometerse en la lógica virtuosa de los mercados.

Para los memoriosos, el cuadro evocó al juramento de Ricardo López Murphy como ministro de Economía de la Alianza, en marzo de 2001. López Murphy fue mucho más ovacionado entonces que Macri ahora anunciando un plan de ajuste feroz, que clavaba los dientes en las universidades. En aquel remoto entonces, se produjo un cisma en el oficialismo. Renunciaron ministros boinas blancas fieles a la mejor tradición radical, a la Reforma Universitaria. Federico Storani de Interior, Hugo Juri de Educación. Eran otros tiempos, fue tal vez un adiós digno de un sector de la UCR.

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Para la luz alcanza: Si el número de personas todavía cuenta, el oficialismo debería preocuparse por la movilización de la comunidad universitaria el jueves pasado. Las marchas son parte visible del fenómeno sin agotarlo: impactaron por la cantidad de participantes. También por la pluralidad de actores: docentes, no docentes, alumnos. La diversidad ideológica se expandió desde la izquierda hasta Franja Morada, pasando por el kirchnerismo y por gentes no encuadradas que reivindican sus derechos.

La movilización dista de ser un gesto aislado: forma parte de planes de lucha, paros activos, clases públicas dictadas en la calle.

Un mini milagro recurrente consigue el macrismo, semana tras semana. Provoca la “unidad en la acción” de agrupaciones, gremios o partidos distintos y hasta enfrentados. Las dos CGT y las dos CTA el 29 de abril, en un acto imponente. La Conadu y la Conadu histórica, en estos días.

La movilización tuvo impacto directo en las paritarias con el

ministro de Educación Esteban Bullrich. En menos de 24 horas mejoró las mezquinas propuestas para los sindicatos docentes. No aceptaron la nueva oferta aunque sí las consultarán con sus bases. El Gobierno se avino a superar la falaz valla del 25 por anual, que nadie toma en serio, a esta altura de la soirée.

Los sueldos son un rubro importante del Presupuesto pero no lo agotan. Bullrich ensaya un discurso minimalista, irritante: aduce que es falso que los presupuestos universitarios no alcanzarán para pagar la luz. Tal vez ese sea el techo que sueña el gobierno para la educación pública: muy bajo para los niveles de conciencia y de derechos de quienes reclaman.

El desdén por la educación pública y la ofensiva contra las universidades, en especial las del Conurbano bonaerense, vienen en combo. Extrovertirlo queda feo, es “sarmientinamente incorrecto”. La asfixia presupuestaria parece ser el método adoptado, menos ostensible y franco que los cierres. La táctica instrumenta el viejo adagio “no te morirás pero te irás secando”.

Cuando Macri shoteó al impresentable Juan Cruz Ávila y nombró Secretario de Políticas Universitarias al radical Albor Cantard, hubo alivio de rectores y decanos. Más allá de las banderías, era un ex rector de la Universidad Nacional del Litoral alguien de la comunidad, se imaginaba que obraría con coherencia. Por ahora no sucede. Habrá que ver si rectifica las políticas o si da un paso al costado decoroso como hizo en su momento el correligionario Juri.

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Si te hace falta un consejo…: Macri pretendió que dirigentes de las dos CGT participaran de la liturgia con los empresarios. Discriminó a las dos CTA, fea la actitud.

Se convocó a los jefes cegetistas con antelación irrisoria y se les pidió una adhesión imposible. Los gremialistas se negaron. Se llevaron como premio consuelo un par de berrinches presidenciales y una convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y móvil. Será el jueves 19 próximo.

La institución fue reflotada (o, mejor, recreada) por el presidente Néstor Kirchner en 2004 tras años de una hibernación que superaba a la de Walt Disney. Se reunió anualmente y se sumó a la CTA a los encuentros.

El ministro Jorge Triaca quiere sumar a la agenda del Consejo al ausentismo, las adicciones (que lo causarían) y la productividad. Bajo el poncho del tripartismo injerta demandas patronales y estigmatiza a los trabajadores, en especial a los jóvenes. Descontar parte del sueldo a huelguistas es un ítem de la agenda punitiva.

La Vulgata mediática periodística haragana dice que el Salario Mínimo Vital y Móvil rige solo para los formalizados. En verdad, es un derecho de todos los trabajadores, birlado por los empleadores que evaden las cargas sociales. El “trabajo en negro” es consecuencia de las evasiones o delitos de los patrones. Dista de ser un “flagelo”, una pseudo tipificación que funciona como coartada. Es un perjuicio contra una clase generado por otra. Las clases sociales existen, la explotación también.

“El campo” es el sector productivo puntero en negrear trabajadores. También se lleva medalla de oro en el mal llamado “trabajo infantil”. El “flagelo” podía haber comenzado a mermar el lunes si la arenga de Macri hubiera conmovido al ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile y al titular de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere o las corporaciones que representan. Pero la “responsabilidad social” es un mito urbano. No hay que esperar milagros.

La Corte Suprema mínima que preside Ricardo Lorenzetti ahondó la indefensión de los trabajadores rurales al sentenciar contra la constitucionalidad del Registro Nacional de trabajadores y empleadores agrarios (Renatea), creado por el kirchnerismo. La sensibilidad laboral nunca fue el fuerte de Lorenzetti.

La Corte interesante que construyó Kirchner se desvirtuó con el fallecimiento de Enrique Petracchi y la renuncia de Raúl Eugenio Zaffaroni. Los dos mejores magistrados del Tribunal ya no están. Tampoco la fallecida Carmen Argibay y el renunciante Carlos Fayt. La merma es cualitativa, no solo cuantitativa.

No se cierra un organismo oficial como Renatea en un santiamén. Lo primero que hizo el gobierno fue frenar sus actividades: regulación del trabajo agrario, garantizar la lucha contra la explotación y la trata laboral. Como frutilla del postre: se discontinuaron las inspecciones que realizaban el Ministerio de Trabajo y la AFIP. La explotación y la evasión se liberaron del control estatal.

Para cerrar un círculo, los trabajadores de Renatea se declararon en estado de asamblea permanente anteayer. Denuncian que el gobierno ha resuelto cesar a todo el personal. Son centenares en todo el país, revistan en planta. Un par de días antes el ministro de Planeamiento, Andrés Ibarra, había prometido el fin de los despidos en el Estado.

El paradigma neo con se plasma por doquier. La clase alta va al Paraíso, aupada por dos poderes del Estado democrático.

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Agenda y despidos: La ley de emergencia ocupacional se discute con subterfugios y contrasentidos. El oficialismo se desespera porque limitará los despidos, aunque afirma que no los hay. Y alerta que se desalentará la creación de nuevos empleos, que quedan excluidos de la cobertura de la posible ley.

El macrismo se exaspera porque la oposición parlamentaria ha dejado de funcionar a su antojo. El sindicalismo y la comunidad universitaria también. Son reacciones pluri clasistas, consecuencia de las políticas públicas.

Muchos de los quejosos habrán votado por Cambiemos el año pasado. El contrato electoral catch all fue traicionado por un gobierno que quita derechos, aumenta tarifas y llevó la alta inflación preexistente a la estratósfera.

Claro que la inflación previa iba a la par de aumentos del salario real y un nivel de consumo elevado. La actual convive con recesión, y la merma del consumo popular.

Un catedrático de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces, remarcó un dato importante en un reportaje concedido al periódico El Cronista: “cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salario”. No fue magia, ni es casualidad.

La intención del gobierno neocon “desarrollista” es un boom de inversiones capital intensivas, ligadas a la exportación o al consumo de las clases medias altas para arriba.

El turno de los trabajadores, el crecimiento masivo del empleo y la redistribución de la riqueza no asoman en el horizonte. Ni en la hoja de ruta.

Los argentinos que se suman a las distintas facetas de la protesta social empiezan a notarlo y a hacerse oír.

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