El Senado Nacional dictaminó favorablemente el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Industria Autopartista, que otorga beneficios fiscales a las terminales automotrices y de maquinarias viales y agrícolas que compren piezas o autopartes nacionales.

La iniciativa contempla la entrega de un bono de crédito fiscal que variará de acuerdo con la cantidad de piezas nacionales que utilicen en el ensamble de cada vehículo, ya que el propósito es que se incremente del 20 al 30 por ciento, dado que cada punto implica la posibilidad de generar alrededor de 10 nuevos puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

Sin embargo, el proyecto fue cuestionado por la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, porque según afirman beneficia a las empresas de capital extranjero. Por ello, se firmó también un dictamen de un proyecto de ley presentado por el kirchnerista santafesino Omar Perotti para que las fabricantes de maquinarias agrícolas nacionales puedan competir en igualdad de condiciones con las extranjeras.

La iniciativa de Perotti deja firme un decreto de 2001 que beneficia a las autopartistas agrícolas argentinas al otorgar un bono del 14 por ciento a las firmas sobre el valor de venta del bien.

Además, incluye a la maquinaria agrícola no autopropulsada, excluida del proyecto que viene de Diputados. Ambos proyectos serán debatidos en la sesión ordinaria de mañana. De ser aprobados, el que tiene sanción será convertido en ley y el otro pasará a la Cámara baja.

El proyecto venido en revisión prevé la entrega de crédito fiscal a las terminales que podrá ser utilizado o cedido a terceros para el pago de impuestos nacionales, bajo el compromiso de mantener la plantilla de personal.

Además contempla que los reintegros o créditos fiscales vayan dentro de un rango de entre 4 y 15 por ciento, en base al nivel de integración nacional que tenga el automóvil.

Las autopartistas también deberán cumplir con un "Contenido Mínimo Nacional" en sus productos, que será del 30 por ciento en automóviles y utilitarios, 25 por ciento para vehículos comerciales livianos, camiones y ómnibus, y 15 por ciento para motores.

La iniciativa también establece que en caso de una crisis importante de una empresa que tenga ese beneficio y deba reducir personal, se conformará una comisión entre el gobierno, los directivos y el gremio con personería jurídica para ver qué resolución adoptarán.