Amnistía Internacional (AI) y Oxfam, dos organizaciones no gubernamentales (ONG), exigieron una investigación imparcial sobre la muerte de 11 campesinos durante un desalojo violento de 2012 en Curuguaty, Paraguay, así como reparación para las familias de las víctimas.

En un comunicado conjunto fechado en Ciudad de México, las organizaciones señalaron que seis policías y 11 campesinos murieron durante el violento desalojo en las tierras conocidas como Marina kue, ubicadas en el departamento de Canindeyú, el 15 de junio de 2012. Sin embargo, añadieron que en el juicio -finalizado el lunes- solo fueron abordadas las muertes de los agentes policiales.

Amnistía, en conjunto con otras organizaciones locales e internacionales, expresió "su preocupación en diferentes oportunidades ante el rechazo del Ministerio Público de investigar la muerte de los once campesinos".

En ese sentido, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, aseguró que "hasta ahora no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes, ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos".

El texto cita información de organizaciones locales de derechos humanos para evidenciar la situación que se vive en Paraguay, donde en los últimos 25 años, al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados o están desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra.

"En Paraguay, 1,6 por ciento de los propietarios poseen 80 por ciento de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución", puntualizó Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.

De acuerdo con el comunicado citado por la agencia EFE, pobladores de la zona, varios de ellos víctimas y familiares, del desalojo de 2012, llevan más de 10 años demandando el uso de tierras de propiedad estatal en el marco de la reforma agraria.

Las organizaciones repudiaron que en el juicio oral y público, única causa impulsada para esclarecer lo ocurrido en Curuguaty, fueron condenados 11 campesinos por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, sin dar respuesta a los temas de verdad y justicia en el caso de los campesinos asesinados.

Además, tampoco se explicó la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil.

Oxfam y AI pidieron una investigación "exhaustiva, independiente e imparcial" de la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio de 2012.

El tribunal a cargo del caso condenó el lunes a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 acusados, en una sesión que transcurrió en medio de protestas de los abogados y de parte del público asistente.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas.