A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.

El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.

Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos.”

Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.

Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.

Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.

Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos,” según dice el informe.

Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: “Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas”.

Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. “Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más”, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. “Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios”, señaló.

La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.

Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.

El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.

Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.

En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello “profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados”. También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 “de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas” o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.

En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual “una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación” correspondiente. Además, y solicita que “se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.

Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.

Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral”.

El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.