El gobierno de Venezuela involucró hoy a la Casa Blanca en un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro el jueves, el día en que la oposición marchará por las calles de Caracas para exigir la convocatoria a un referendo con el que quiere revocar el mandato del jefe del Estado.

“Ha quedado en evidencia la marca y autoría del golpe de Estado planificado para el 1 de septiembre de 2016 en Venezuela”, afirma un comunicado de la Cancillería difundido en Caracas como respuesta a una declaración del vocero del Departamento de Estado de EEUU, John Kirby, Añade que esa conspiración se desarrolla “en complicidad con la oposición antidemocrática y la derecha internacional” e “intenta reeditar el gravoso expediente de agresiones y muerte, que ya en el 2002 derrotó con valentía y dignidad el pueblo venezolano”, en alusión a un fallido golpe de estado contra Hugo Chávez.

La declaración de la Cancillería venezolana se conoció en momentos en que la oposición denuncia que el gobierno ha tomado una serie de decisiones para impedir la manifestación del próximo jueves, jornada para la que el antichavismo llamó a “tomar Caracas”.

El llamado a la marcha, más la intervención de Kirby en el caso de la detención en una cárcel de máxima seguridad del opositor Daniel Ceballos, llevaron a la administración venezolana a concluir que "el Gobierno del presidente Barack Hussein Obama, en sus postrimerías, procura la inestabilidad de Venezuela y de la región para legitimar sus planes imperiales contra la paz y el desarrollo de los pueblos".

El Departamento de Estado de EEUU denunció esta semana que el traslado de Ceballos es "un intento de intimidar y obstaculizar" el derecho de los venezolanos en "la toma de Caracas". La vicecancillería venezolana rechazó "las insolentes declaraciones" de Kirby, que, indicó, pretenden "dar órdenes a una nación libre, soberana e independiente, en franca violación de la legalidad internacional".

"Retoman las exactas palabras del Gobierno de George W. Bush en 2002, cuando atentó contra el orden legítimo y constitucional en Venezuela, alientan y promueven a los factores violentos, extremistas y antidemocráticos en Venezuela", añadió. Al mismo tiempo, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recordó a la oposición que no hay una autorización para que la marcha del jueves ingrese a Caracas.

"Las autoridades de la república han dicho claramente que, al no tener claridad y garantía de que esa movilización sea pacífica, no está autorizada para entrar a la ciudad de Caracas", dijo el diputado chavista Elías Jaua. "Las fuerzas del orden público garantizarán que efectivamente la ciudad de Caracas no sea escenario de una confrontación violenta", advirtió.

En ese contexto, una comisión de la oposición venezolana encabezada por el diputado Luis Florido pidió a las Naciones Unidas que envíe una misión de observadores a Caracas con motivo de la movilización del jueves. El pedido fue elevado durante una reunión en la sede de la organización con Edmon Mulet, el jefe de gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Además, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró que el gobierno está "absolutamente aterrorizado" por el impacto de la marcha y dijo que ese contexto explica el traslado del ex alcalde Ceballos a una cárcel de máxima seguridad. Añadió que las autoridades usan a los opositores que están presos "como rehenes para manejarlos como fichas en esta situación de desesperación".

La oposición pretende que el referendo revocatorio se realice antes del próximo 10 de enero. Si la consulta se hace en ese período y los venezolanos votan por el fin del mandato de Maduro, habrá que convocar a elecciones. En cambio, si se hace después de esa fecha, el presidente será reemplazado en su cargo por el vicepresidente ejecutivo.