Según fuentes tribunalicias la medida la dictó la jueza federal María Servini de Cubría que, en la misma resolución, amplió los procesamientos del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Jorge Santos, y de los ex comisarios de la fuerza, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, por 102 casos de lesiones.

Luego que la magistrada dictara los procesamientos el fiscal federal Luis Comparatore le pidió que ordene la "reconstrucción del hecho" para determinar la autoría de tres de los cinco casos de homicidios el 20 de diciembre de 2001, en inmediaciones del cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio.

Se trata de las muertes de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón.

Comparatore requirió que, para ese operativo, "dé intervención al gabinete de criminalística de la Gendarmería Nacional" con peritos idóneos en planimetría, balística, filmación y fotografía, y la provisión de armas (Ithaca Browning 2000) similares a las que se habrían utilizado durante la represión y se convoque a unos 40 testigos.

La causa se inició el día de los incidentes cuando diputados nacionales, entre ellos Marcela Rodríguez y la ahora titular del PAMI Graciela Ocaña pidieron una investigación sobre la "represión abusiva" de la Policía Federal y la "ilegalidad" del decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que declaró el estado de sitio.

El sumario se desdobló y, mientras Servini de Cubría se quedó con la parte de la pesquisa relacionada con la "cadena de mandos" y responsabilidad política, a Comparatore le fue delegada la investigación por los hechos concretos de violencia.

Santos, Andreozzi y Gaudiero ya estaban involucrados, pero Palacios fue procesado por cinco casos de "homicidio imprudente" -con una pena inferior a la figura penal simple- y 219 hechos de lesiones a manifestantes.

En julio de 2005 la Cámara Federal había atribuído esos homicidios, en cinco casos, a Andreozzi y Gaudiero, quienes, junto a Santos, ya estaban procesados por el presunto delito de lesiones de distinta gravedad a un centenar de manifestantes.

Para atribuir responsabilidad penal a los entonces jefes policiales la magistrada y el tribunal de segunda instancia criticaron la actividad (o falta de ella) desplegada en esa oportunidad por el personal superior de la Policía Federal.

Servini de Cubría consignó que la tarea de control de la seguridad pública durante las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar los días 19 y 20 de diciembre de 2001 "resultó absolutamente ineficaz, propiciando por su ineptitud los episodios de violencia generalizado que se vivieran en aquellas jornadas".

Como paso previo a ampliar los procesamientos, Servini de Cubría volvió a indagar a Santos, Andreozzi y Gaudiero, quienes intentaron justificar las decisiones y la conducta que siguieron en aquellas circunstancias.

Palacios, entonces Jefe de Delitos Complejos, contó que concurrió a la Plaza de Mayo "por una cuestión de moral, ya que no estaba de servicio" y que, por esa razón no pudo impartir, sino transmitir a otros la sugerencia de cesar la represión.

"Yo no estaba a cargo de nada" y "mi función específica era la preservación de objetivos judíos", agregó en su declaración Palacios, quien la tarde del 20 de diciembre de 2001 se encontró con Servini de Cubría en la puerta de la Catedral Metropolitana.

"La magnitud de los hechos, el operativo montado por las fuerzas de seguridad, su falta de coordinación y supervisión y el descontrol con el que se desplegó indican, sin lugar a dudas, que la existencia de sólo cinco muertos fue un resultado casi milagroso", expresó la resolución de la magistrada.

Servini de Cubría dijo que Santos fue quien ordenó desalojar la Plaza de Mayo, lo que dio lugar a detenciones "provocativas" e "injustificadas" de manifestantes, en un procedimiento "preparado y conducido" desde la Sala de Situación de la Policía Federal a cargo de Gaudiero y Andreozzi.

Con relación a Palacios, la juez sostuvo que "participó directamente en la conducción del operativo policial desplegado durante los acontecimientos del 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, cuya falta de adecuado control y dirección incrementó el riesgo inherente al masivo empleo de la fuerza pública".

Según testimonios evaluados por la magistrada, Palacios "tuvo función de mando, control y dirección de las fuerzas desplegadas contra los manifestantes, con responsabilidad tanto sobre sus alcances como respecto de sus límites".

La juez consideró que Palacios "pudo haberse encontrado fuera del ámbito inicial donde se tomó la decisión de llevar adelante el procedimiento policial, pero luego asumió la calidad de coautor".

Fuente: Télam