La CHA reclamó la derogación de los códigos de faltas o contravencionales de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, porque "criminalizan e imponen penas por ser homosexual o travesti".

"Seguir admitiendo su existencia implica continuar bajo el imperio de criterios que se agotaron con el advenimiento del régimen democrático", manifestó la entidad en un Informe sobre la Situación Jurídica y de Ciudadanía de la Comunidad Gay, Lésbica, Travesti, Transexual, Bisexual e Intersexual.

El estudio expresó que la normativa "se enfrenta con derechos humanos básicos amparados por la Constitución Nacional, como la libertad de expresión y la identidad".

"En el caso de aquellas que buscan perseguir y castigar a las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales o intersexuales, resulta claro que existe un sustrato fóbico que señala a esas personas, a causa de algún rasgo diferencial de su identidad", sostuvo el informe.

En ese sentido, mencionó que las regulaciones "más discriminatorias" son las sanciones previstas para personas que "exhiben públicamente ropas de otro sexo" y sostuvo que el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "alude elípticamente" a la temática.

El informe de la Comunidad Homosexual Argentina manifestó que los códigos de Mendoza y Neuquén aluden a la "mujer y el homosexual como sujetos imputables de actos supuestamente delictivos por su misma identidad".

"En la enunciación de las normas, cuando no se consigna el género de las personas imputables, se enmarcan los comportamientos supuestamente perversos bajo títulos como 'homosexualismo', criminalizando directamente esa orientación sexual", afirmó la entidad en relación a los códigos de Mendoza y Neuquén.

La CHA consideró que "la idea de criminalizar a los individuos a partir de su orientación sexual remite a prejuicios sociales perimidos, abandonados por las ciencias y la gran mayoría de las sociedades en el último siglo".

El informe expresó que el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires sanciona al "homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare".

La entidad manifestó que esa norma expresa "imprecisión en las palabras 'ofreciere', 'escándalo' y 'molestando', que derivan en una interpretación muy libre" y sostuvo que el articulado "se expande inexplicablemente y sin mayores detalles sobre el espacio de acción de la norma de lo público a lo privado".

Por otra parte, pidió la modificación de la legislación que impide la operación de adaptación de sexo y reclamó cambios en los documentos de identidad para las personas travestis y transexuales.

Entre otros cambios, demandó modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo para "prohibir la discrimación en el empleo" y cambios en la resolución del ministeiro de Salud que "prohíbe la donación de sangre a las personas homosexuales".

El informe también se refirió a la situación de los homosexuales en las cárceles, al manifestar que "son separados del resto de los internos, bajo el pretexto de asegurar su protección".

En ese sentido, sostuvo que "los lugares destinados a este fin suelen ser aquellos en que las instalaciones edilicias presentan las mayores deficiencias", y citó como ejemplo "lo que sucede en el Entrepiso del Pabellón N°1 de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Devoto".

"El hacinamiento, las condiciones de vida insalubres causadas por la falta de higiene y la repetida negativa a proporcionar asistencia médica, son ejemplos frecuentes de los malos tratos perpetuados a personas homosexuales en base a claras prácticas discriminatorias", afirmó la CHA en el estudio.