La Cámara de Senadores aprobó hoy y giró a Diputados un proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo y pena duramente el financiamiento de actividades de esa índole.

El proyecto fue aprobado por 51 votos a uno en contra del socialista Rubén Giustiniani, tras un corto debate que, pese a la importancia del asunto, sólo contó con cuatro oradores.

La iniciativa incluye algunas modificaciones del Código Penal como es la definición del acto de terrorismo, al que tipifica como "la comisión de delitos" para "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

Para que sea considerado un acto terrorista debe reunir las siguientes características: tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político.

Además, estar organizada en redes operativas internacionales; y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.

El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sufrió varias modificaciones, como son el agravamiento de las sanciones previstas para aquellas entidades que financien organizaciones terroristas, que en la iniciativa enviada por el Ejecutivo se equiparaban con las del lavado de dinero.

A partir de la sanción de este expediente, que aún debe pasar por Diputados, se penará con reclusión o prisión de cinco a veinte años al que forme parte de una organización terrorista, mientras que para los organizadores de la asociación, el mínimo será de diez años.

En tanto que se penará con penas de prisión de entre cinco y quince años, y multas de entre cinco y veinte "veces el valor de los bienes" a quienes financien actos terroristas.

Además, se elimina el límite que se había establecido para que una operación financiera cuyo objetivo sea financiar el terrorismo sea considerada delito; lo que en el caso del lavado de dinero es de 50 mil pesos.

También, se habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que pueda requerir a la justicia la suspensión preventiva de cualquier operación financiera sospechosa de financiar una organización terrorista.

Hasta el momento, esta posibilidad estaba limitada a la investigación de casos de lavado de dinero.

Al respaldar el proyecto, la titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la kirchnerista Vilma Ibarra, remarcó que "el Poder Ejecutivo Nacional tiene el compromiso de combatir al terrorismo respetando los derechos humanos", y remarcó que "quedan afuera" de la tipificación de los delitos de terrorismo "los tipos de protesta violentos".

La aclaración fue hecha ante la oposición al proyecto que esgrimió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que consideró que la "figura de asociación ilícita terrorista deja abierta la posibilidad de penalizar un sinnúmero de conductas".

A su turno, la titular de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la oficialista Sonia Escudero, indicó que el proyecto subraya la "cooperación con otros países en materia de investigación para la lucha contra el terrorismo".

"Lo que se nos pide es que se tipifique como figura autónoma y que se pueda penar y sancionar al financiador con independencia de que el acto terrorista se haya llevado a cabo o no", señaló la senadora salteña.

En cambio, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, el radical formoseño Luis Petcoff Naidenoff, remarcó que si bien compartía "la necesidad y la preocupación del Poder Ejecutivo de contar con un marco normativo que prevenga las actividades del terrorismo y su financiamiento", sostuvo que se actuó con "cierto apresuramiento".

"Lo más adecuado hubiera sido contar con una ley especial complementaria", sostuvo el legislador y sostuvo que "la asociación ilícita tipifica un delito de peligro en abstracto".

El único que votó en contra de la medida, el socialista Giustiniani, consideró que el proyecto "viola principios constitucionales como el de la legalidad", y señaló el "descrédito de las organizaciones financieras internacionales como el FMI que es quien ha impulsado este tipo de incorporaciones al plexo normativo de los distintos países del mundo".

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